Tres de los ex funcionarios peledeístas implicados en el caso Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) recurrirán en casación por ante la Suprema Corte de Justicia ordinales de la sentencia que anuló el auto mediante el cual el juez Francisco Ortega Polanco, de la Primera Sala Penal del Distrito Nacional, fue apoderado del expediente.

Empero, los señores Haivanjoe Ng Cortiña, Simón Lizardo Mézquita y Diandino Peña mantendrán su libertad provisional bajo fianza, debido a que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el pedimento de los abogados del Estado para que sean devueltos a prisión.

Los ordinales de la sentencia que serán recurridos por los abogados de los ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son el primero, cuarto y quinto.

El licenciado Juan Antonio Delgado declaró que junto a los doctores César Pina Toribio, Radhamés Jiménez, Mariano Germán y José Antonio Columna, recurren por ante la Suprema Corte por entender que las referidas ordenanzas emitida en la sentencia del tribunal de segundo grado viola la ley 50 00 sobre Organización Judicial, así como el Código de Procedimiento Criminal.

Alegó que Corte ignoró que el Juzgado de Primera Instancia que presidía el juez Ortega Polanco estaba apoderada del expediente mediante el auto dictado por la Cámara de Calificación que puso fin al proceso de instrucción.

Empero Delgado, dijo que los jueces de la Corte frenaron las pretensiones «arbitrarias» del Ministerio Público y los abogados de la parte civil, que pedían el revocamiento de la libertad bajo fianza de los acusados.

Dijo que en esa parte de la sentencia «la corte garantizó el estatus de libertad e impidió que se materialice un acto de arbitrariedad que los prive» a los acusados de su libertad.

Para anular el auto de apoderamiento del caso PEME en primer grado, la Corte de Apelación, estimó que la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, no apoderó el expediente por la vía regular, ya que el fiscal no lo envió a esa jurisdicción en calidad de apoderamiento, tal y como establece la Ley de Organización Judicial.

Los jueces que integran el tribunal de apelación son Miriam Germán Brito, presidente e Ignacio Pascual Camacho Hidalgo y Manuel A. Hernández Victoria.

En la sentencia consideraron que la petición de revocar la libertad bajo fianza formulada por la parte civil constituida, «rebasan el ámbito del apoderamiento de este tribunal», tras explicar que dicha decisión está sobreseída a la espera de que la Suprema tome una decisión al respecto.

En tal sentido, precisa que los acusados seguirán en libertad provisional, debido a que la Corte sólo discutía lo referente al apoderamiento de que fue objeto el juez Ortega Polanco.

De igual forma, la Corte ordenó el envío del expediente por ante la Fiscalía del Distrito Nacional para que ésta lo mande por ante la Cámara Penal del Distrito Nacional para un nuevo apoderamiento mediante un sorteo aleatorio.