En la mañana de ayer fue modificada la medida de coerción impuesta a la acusada de tráfico de niñas, Amarfis Altagracia Tavares, de prisión preventiva a una fianza. La medida contra el dueño del burdel y presunto cabecilla de la red, Carlos Julio Alcántara, se ratificó por fianza, impedimento de salida y presentación periódica.

Ambos están acusados de trata de niñas y adolescentes, a quienes les ofrecieron trabajo en un comedor y fueron prostituidas en San Cristóbal. Sus familiares han desistido la denuncia. Por lo tanto, la organización que inició el proceso, Núcleo de Apoyo a la Mujer, fue retirada de la representación en actor civil y se le negó el derecho a representar a las víctimas, tras una resolución del juez.

Hace un año, en diciembre 2011, falleció una de las víctimas fruto de una enfermedad contraída durante el crimen, dejando a un menor de dos años huérfano.

Sin embargo, la sociedad civil de Santiago ha continuado apoyando a la Fiscalía y solicita al Estado Dominicano apoyo psicológico y de reinserción para las víctimas. El Protocolo de Palermo y la Ley 137-03 reconociendo la naturaleza de estos crímenes y las presiones sobre las víctimas, exige que a pesar de que estas no cooperen se les debe facilitar asistencia.

Los comunitarios y abogadas del caso salieron protegidos por la policía ante las amenazas y acosos que han recibido.