María Victoria Guarín fue una asesora clave en el mayor proyecto de transporte de la historia de Colombia: una autovía de 1,000 kilómetros a través de una zona montañosa para conectar la capital, Bogotá, con los transitados puertos del Caribe.
Como asesora de inversiones de una entidad perteneciente al Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los contratistas. Resultó que también estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar.
Este aparente conflicto de intereses ha implicado ahora a la institución en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, como se reveló en reporte publicado el año pasado por la agencia antimonopolio de Colombia.
El conglomerado Grupo Aval, que emplea al esposo de Guarín, se asoció con Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño que admitió haber pagado US 6.5 millones en sobornos para ganar el contrato, uno de las docenas de proyecto que reconoció haber conseguido gracias a pagos ilegales. El escándalo salpicó a políticos de la región y provocó la entrada en prisión de decenas mandatarios.
Pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental durante el auge de los proyectos de infraestructuras movidos por sobornos en las últimas décadas ha recibido mucha menos atención. Se supone que la filial del sector privado del Banco Mundial, conocida como Corporación Financiera Internacional (IFC), reduce la pobreza en el mundo en desarrollo a través de la promoción de la inversión privada.
En una demanda administrativa antimonopolio presentada en septiembre contra Guarín y varias personas más, la IFC está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de Guarín durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de US 2,600 millones en favor de la empresa para la que trabajaba su esposo. Su pareja, Diego Solano, que también estuvo implicado, funge ahora como director financiero de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Si los cargos civiles por beneficiarse de un conflicto de interés y contactos inapropiados se mantienen, Guarín podría enfrentar una sanción económica de hasta un millón de dólares. En el caso de Aval y sus subsidiarias, la multa podría ascender a 150 millones. “No hay duda de que la IFC conspiró contra la libre competencia y la transparencia», señaló Pablo Robledo, exregulador antimonopolio que dirigió la pesquisa.
Por el momento no se han presentado cargos penales contra nadie, ni hay indicios de que Guarín y Solano se beneficiaron financieramente. Pero en abril, un juez pidió al procurador general Colombia que investigara a la pareja al sentenciar a 11 años de prisión a José Melo, director general de la filial de Aval integrada en el consorcio.
Durante el juicio a Melo, un exviceministro de Transporte encarcelado por aceptar sobornos declaró que el gerente de Odebrecht en el país le hizo creer que la empresa ya había influido en la estructuración de las condiciones del contrato a través de Guarín.