El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, informó que les fueron impuestas medidas de coerción a dos personas en Santiago de los Caballeros, y a otras tres en la capital, mediante la modalidad de garantía económica, por  violación de la Ley General de Electricidad 125-01.

Ferrer declaró que los sometidos por violaron los artículos 379 y 401 del Código Penal y 125-a de la Ley General de Electricidad son: Alberto Zacarías Peña Recio, propietario de lavandería D`Colores Dry Cleaners, a quien le fue impuesta una garantía económica 200 mil pesos, Luís Camejo Sporure, a quien se le otorgó una garantía 200 mil pesos por tener una línea directa conecta al sistema, que se calcula en 600 mil pesos consumidos y dejados de pagar en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).

Asimismo, a Adriano Mártires Félix  que le fue impuesta una garantía de 100 mil pesos, quien incluso admitió ante el tribunal que estaba conectado ilegalmente en detrimento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) pese a que lo han desconectado tres veces.

Dionicio Giovanni Díaz Pichardo, a quien se le impuso una la garantía económica de 50 mil pesos y Julio Cabrera Martínez le impusieron el mismo pago como garantía económica.

Los jueces de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago y del Distrito Nacional además ordenaron impedimento de salida y presentación periódica contra los justiciados para que no se sustraigan de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico en ambos casos.

En ese orden, el Magistrado Moisés Ferrer enfatizó que no permitirá que, en su gestión, personas continúen desfraudando al Estado mediante el robo de energía. Por lo que advirtió a la población descontinuar esa práctica que tanto daño hace al país.