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Puerto Plata.- La Fiscalía de esta ciudad logró que el Tribunal de Atención Permanente acogiera su petición e impusiera un año de prisión preventiva en contra de Domingo Cristian Tomás De La Cruz (El Lobo), Elena María Martínez López (Sandy) y Junior Zapete Camacho (Piki), por su supuesta participación en la muerte del joven Diógenes Canario Montero.
Asimismo dicho tribunal también impuso una garantía económica consistente en 2 millones de pesos a la imputada Marlene Josefina López Torres.
Durante las indagatorias realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional se estableció que las imputadas Marlene Josefina López y Elena María Martínez López supuestamente contrataron los servicios de los presuntos sicarios Domingo Cristian Tomás De La Cruz, Daniel González, Arianny Rafael Troche y Junior Zapete con el fin de vengar la muerte de su hermano, un tal “Lalo”, para lo cual acordaron el pago de la suma de 100 mil pesos.
Con relación a este hecho permanecen además en prisión Daniel González Castillo (Quico), Arianny Rafael Troche George (La Rabia) y Plinio Joel Ángel De La Rosa.
En el transcurso de las investigaciones además se ha determinado que los nombrados Daniel González y Junior Zapete supuestamente fungieron como intermediarios y ubicadores de la víctima, además de que alegadamente aportaron el arma que terminó con la vida del nombrado Diógenes Canario Montero.
“El Ministerio Público ha dedicado todo un año de esfuerzo e investigaciones, lo cual ha dado como resultado la obtención de las pruebas periciales, testimoniales, en especie y científicas que vinculan de manera directa a los imputados con los hechos”, manifestó Osvaldo Bonilla Hiraldo, procurador fiscal titular de Puerto Plata.
El juez Pascual Francisco Abreu Valenzuela acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el cual dio al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del Código Penal Dominicano, que constituyen los delitos de asociación de malhechores y el asesinato.
Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata.
Este hecho ocurrió en la avenida del malecón en fecha 8 de marzo del 2015.
