POR TANIA HIDALGO
La procuraduría general de la República solicitó ayer prisión preventiva contra seis funcionarios y empleados medios del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la secretaría de Finanzas, mientras que para otros tres pidió una garantía económica (fianza) de cinco millones de pesos, tras ser acusados de un fraude millonario cometido en esa institución. 

El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Lister, pidió a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosalba Garib, asignar a un juez de la instrucción para que disponga prisión preventiva contra Servio Tulio Suncar Liriano, director del departamento de Jubilaciones de la secretaría de Finanzas.

También contra Isabel Soto Santana, sub encargada; Angel José Castro Castro, encargado de Nómina Electrónica del departamento de Pensiones y Jubilaciones; Sandy Joel Castro Castro, pagador externo de la secretaría de Finanzas; Leonardo Alberto Rodríguez Cabrera, encargado de la División de Desarrollo y Sistema del departamento de informática y Evelin Guzmán Soto, técnico de la sección de pagos del departamento de Pensiones y Jubilaciones de esa cartera.

Asimismo, pidió la imposición de medidas de coerción consistentes en una fianza de cinco millones de pesos, además de impedimento de salida del país para Manuel Vidal Castro Martínez, encargado de la sección de Pagos de Cheques del departamento de Pensiones y Jubilaciones; David Rafael Moreta Moreno, encargado de la sección de Análisis de Expedientes y Odalis del Carmen Santana Estévez, ex empleada de la institución.

Las pesquisas del caso fueron iniciadas luego de que el 13 de noviembre pasado el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, enviara al director del DPCA un ejemplar de una auditoría realizada por la firma V S A consultores, Viriato Sánchez & Asociados en la cual se detectaron, en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones de esa cartera, serias anomalías durante enero de 2005 a septiembre de 2006.

De acuerdo al expediente, las irregularidades envuelven sumas considerables de dinero que eran pagadas a personas en calidad de pensionados, pero que no figuraban en los archivos de esa secretaría.

La auditoría enumera 27 cuentas donde fueron depositados pagos por supuestas pensiones por montos elevados y variables, las cuales no existen en el registro mayor de pensiones de la nómina general. Estos pagos irregulares, según las pesquisas,  fueron generados por Angel Castro Castro y Leonardo Rodríguez, mediante archivos denominados TXT sometidos vía electrónica, bajo las directrices y el apoyo de Servio Tulio Suncar Liriano e Isabel Soto Santana. 

Según el expediente, Odalis del Carmen Santana es reincidente, ya que en el 2002 fue cancelada de esa institución y sometida a la justicia por participar en anomalías similares a las detectadas en este caso. Actualmente labora en la Junta Central Electoral (JCE).

En la instancia depositada por ante la juez de la instrucción reposa una comunicación, del 24 de noviembre de 2006, en la cual el secretario de Finanzas remitió al Ministerio Público un sobre con RD$500,000, dinero que fue dejado en el escritorio de Rolando Marte, director del Departamento Financiero de esa cartera, por Angel José Castro Castro como un intento de soborno para que participara en acciones  incorrectas conjuntamente con éste. En las pesquisas se pudo establecer que Marte rechazó la propuesta y puso en conocimiento de lo que estaba sucediendo a las autoridades superiores.

Se pudo establecer que de las 27 cuentas, dos correspondían a Francisco Alfonso Castro Castro y Sandy Joel Castro Castro, hermanos de Angel José. Francisco Alfondo, al comparecer por ante el DPCA, declaró que su hermano le pidió el número de su tarjeta de débito mediante  la cual recibía su salario como empleado de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), bajo el argumento de utilizarla para que se beneficiara con el depósito de una ayuda económica del gobierno. Dijo que los montos depositados por concepto de dicha ayuda oscilaban entre los 30 a 55 mil pesos, los cuales después de retirarlos se los entregaba a su hermano, quien posteriormente le donaba dos mil pesos en efectivo correspondiente a la supuesta ayuda económica del gobierno.

Similar situación ocurrió con las  demás personas supuestamente beneficiadas con la ayuda.