La Oficina de Atención Permanente del distrito judicial Santo Domingo Oeste, dictó tres meses de prisión preventiva contra Santo Andrés González Vizcaíno, propietario de un almacén que comercializó bebidas de fabricación clandestina que provocaron la muerte de dos personas en el municipio Los Alcarrizos.

González Vizcaíno, deberá cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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De acuerdo con el expediente acusatorio, el imputado vendió las bebidas de elaboración ilegal que provocaron el deceso de Pedro Vallejo Reyes y Edward Venabide Beltrán, mientras estos compartían en un colmado.

Vallejo y Beltrán perdieron la vida el pasado 4 de abril, tras presentar severos malestares de salud y luego de ingerir una bebida alcohólica que había sido embotellada en el envase de una marca debidamente registrada.

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Las autoridades le ocuparon alrededor de tres cajas de bebidas ilegales.

La fiscalía determinó que el imputado, propietario del negocio Casa Surtidora González, ubicado en el sector Hato Nuevo, de Los Alcarrizos, abasteció su establecimiento mediante compras informales a otro hombre, sin ningún criterio de responsabilidad y verificación de calidad en los productos que ofrece a sus clientes.

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Este pasado miércoles , el Ministerio de Salud Pública había informado que ascendían a 99 los fallecidos y 262 las intoxicaciones por alcohol adulterado en el país.

De las 99 muertes , cuatro se habían sucedido en las últimas 24 horas y 14 fueron las nuevas intoxicaciones registradas en el sistema de vigilancia epidemiológica.

Salud Pública informó que se han intensificado las intervenciones en los puntos que registran los casos.

En el día de ayer el Gobierno declaró la problemática en torno a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional.

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En cuanto a este caso de las bebidas adulteradas el director de Proconsumidor Eddy Alcántara, aseguró que  la mayoría de industrias que producen bebidas adulteradas ya están paralizadas, mientras la institución se mantiene tras ese mercado y su comercialización.

Alcántara ha dicho que la institución ha cerrado decenas de fábricas y otros establecimientos que producían alcohol adulterado lo cual a causado la muerte de casi 100 personas.

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Ministerio Público

El Ministerio Público califica los hechos como violación a la Ley 22-06, en sus artículos 123, 124,155, 156, 167 y 170, así como la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19, Para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulares.

El órgano de la acusación profundiza las investigaciones para procesar a todos los responsables.