Hace tiempo que se decidió que no se importaran plantas, sino semillas certificadas desde países con programas de certificación de plantas sanas. Pero algunos agroempresarios han preferido importar plantas y con estas plagas que han dañado seriamente plantaciones de varios cultivos. Es por esto que Odelys Jiménez, experto en control biológico, atribuyó a los empresarios que burlan el control del ingreso  de material vegetal la  responsabilidad por las plagas que han causado grandes daños a la agropecuaria nacional.

Odelys Jiménez, experto en control biológico, atribuyó a los empresarios que burlan el control de las importaciones  de material vegetal la  responsabilidad por las plagas que han causado grandes daños a la agropecuaria nacional.

 Jimenez hizo estas afirmaciones al participar como invitado en el Encuentro Económico de HOY.

Manifestó que esos empresarios se han valido de sus representantes ante  los organismos de Sanidad Vegetal “para meter problemas” al país. 

Narró que desde 1980, cuando entró al país la primera bacteria, el  “moho azul”, comenzaron las aplicaciones de fungicidas en el tabaco. Explicó que aunque en ese entonces las autoridades  decidieron, entre otras medidas,  fumigar   para atenuar el daño de esa plaga, en la actualidad esa enfermedad persiste en las plantaciones dominicanas.

Recordó que en  1988, otros ácaros, como el anastrepha estonia,  entraron al país en plantas de cajuil importadas de Brasil, que fueron plantadas en Galión, en  Baní. 

Diez años después, en 1998, fue detectado otro parásito conocido como la mosca blanca “bemisia tabaci”, que llegó en unas plantas de “Flor de Pascua” introducida de manera forzosa  por  el entonces presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana y el presidente de una empresa  de fertilizantes que alegaron que en el país ya existía ese  microbio, con lo que se violaron   las leyes de Cuarentena y de Sanidad Vegetal.

Jiménez recordó  también que en el 1990 se localizó una tercera plaga, la fitóctora, introducida  en unas plantas de coco procedentes de Costa de Marfil,  en África, por otro empresario,  a pesar de que estaba prohibida la importación de ese tipo de material.

Jiménez narró que después que ese material llegó, las propias plantas importadas murieron, a pesar de lo cual esa enfermedad se propagó a otras plantaciones de coco. Citó al respecto a la provincia Hato Mayor, donde han resultado afectadas muchas plantaciones.

El especialista en control biológico atribuyó debilidad a las autoridades  responsables de velar por la sanidad vegetal, a las que imputó colaborar   de alguna manera con esos  empresarios, al  permitirles la entrada de plagas.

“Los empresarios utilizan algunas ONG  como enlaces para que, a la hora de designar una persona frente a uno de esos organismos, nombre gentes suyas, y así, cuando  ellos necesitan introducir cualquier material que tiene  que ser puesto en cuarentena vegetal,  hacer lo que les venga en ganas”.

Jiménez definió la cuarentena vegetal como el equivalente a “seguridad nacional”, por lo que en ambos casos se debe actuar de manera  férrea en su aplicación, a fin de garantizar la sanidad de la agropecuaria nacional.  Sugirió  que la cuarentena vegetal sea una condición que el país pueda exhibir entre sus normas de seguridad cuando hace pactos   comerciales con otros.  

Levantar veda

Cuando una plaga se introduce a un país, como fue  el  caso de la “beisia tabaci”, en los primeros días se establece un mecanismo de cuarentena interno que  sólo se aplica por un tiempo y que no  puede ser extendido por 22 años como es este caso, aseguró el especialista Odelys Jiménez. 

Crítica

Criticó que la aplicación de veda se tenga como una práctica agronómica, cuando es una iniciativa que le corresponde al sector privado, y no al Estado, quien lo aplica como Ley. Entre los más beneficiados en este caso son las  empresas de  fungicidas.