Por Ramón Pérez Minaya. Especial para Hoy (3 de 4)

El sistema de evaluación de la calidad educativa debe estar libre de las influencias políticas y de trabas laborales. En Latinoamérica se establecieron organismos de estudio y evaluación de la calidad educativa que funcionan como instituciones académicas autónomas e independientes.

Esto motivó a que en nuestro país fuese creado en 2008 el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), que ha desarrollado esfuerzos en los ámbitos de la investigación y la evaluación de las políticas educativas y de divulgación y debate de sus resultados, pero que aún no logra una incidencia importante en el sistema educativo.

En ese escenario, Colombia, Brasil, México y Chile, basados en el principio de la separación del juez y la parte, optaron por otorgarles a esas instituciones independencia administrativa y económica con un arreglo institucional que neutralice las injerencias de los intereses ajenos a la calidad de la enseñanza.

Colombia en 2009, mediante decisión legislativa, transformó al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en un organismo público descentralizado con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, y le otorgó la siguiente encomienda:

“Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina el Ministerio de Educación Nacional”. Además, estableció que las evaluaciones anuales deben ser comparables durante un período no inferior a los doce años.

Brasil, por su parte, en 1937 creó el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Nacionales Anisio Teixeira (Inep), que recibió en 2001 autonomía federal y capacitó de forma legal para asumir nuevas funciones, como planear y aplicar los procedimientos para evaluar los resultados de la educación básica y superior.

Asimismo, está habilitado para definir los parámetros, criterios y mecanismos, a fin de realizar los exámenes de acceso a la educación superior.

También destaca la experiencia de México, que fundó en el 2002 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Inee) y que, en 2012, fue convertido en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En esta nueva etapa, el Inee tiene como tarea principal evaluar los resultados del sistema educativo mediante la administración de los exámenes a los estudiantes de todos los niveles: educación preescolar, primaria, secundaria y superior.

Adicional, le compete expedir los lineamientos a los que estarán sujetas las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación.

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La estratégica institución está regida por una Junta de Gobierno integrada por cinco prominentes personas de la sociedad mexicana procedentes del ámbito educativo que son designadas por el Congreso de acuerdo con las propuestas del presidente de la nación.

Chile, mediante la aplicación del Sistema de Evaluación de la Calidad Educativa (Simce), ha logrado desde el 1999 una evaluación de los niveles primarios y secundarios que ha permitido dar seguimiento a la evolución de las escuelas públicas y privadas, cuyos resultados son difundidos a toda la sociedad, que ya tiene un pormenorizado conocimiento de los resultados de cada uno de los centros escolares, lo que debe haber contribuido a sus sobresalientes resultados en el contexto latinoamericano.

Las autoridades chilenas pusieron en operación, en el 2012, la Agencia de Calidad de la Educación para prestar un servicio público funcionalmente descentralizado, con un consejo exclusivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y el Simce, que estaba en la sede del Ministerio de Educación, fue trasladado a la nueva entidad con la responsabilidad de evaluar los resultados del aprendizaje de las escuelas del sistema.

Finalmente, aunque es un caso lejos de las realidades latinoamericanas, Taiwán constituye una experiencia aleccionadora para cualquier sociedad que pretenda dejar atrás la cultura de la pobreza.

Los taiwaneses crearon una estructura institucional para evaluar los resultados del sistema educativo reconocida de manera constitucional como uno de los poderes del estado, con la misma categoría que el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y cuya función, no solo es evaluar las capacidades de estudiantes y profesores, sino también las de los funcionarios y empleados públicos.

Es muy factible que este peculiar sistema de evaluación potenció la calidad de sus recursos humanos e hizo posibles los excepcionales logros del pueblo taiwanés que han dejado atrás a todos los países latinoamericanos.

En la próxima entrega ofreceremos una propuesta viable para alcanzar la calidad de la educación dominicana.