“Sin defensa no hay proceso”. Cuando una persona es imputada de cometer un crimen o un delito, el proceso no puede conocerse sin la presencia de un abogado, ya que defenderse por medio de un abogado es un derecho fundamental [1] al que no pueden renunciar las personas imputadas y además, es un requisito indispensable para asegurar el desarrollo de un debido proceso. Lo que indica que cuando la persona no nombra uno o no tiene dinero para costearlo o es abandonada por su defensor privado, el Estado debe suministrarle un defensor público. Este derecho tiene gran importancia, ya que la igualdad ante la ley, se traduce en igualdad ante la justicia, en pocas palabras, el Estado que persigue y acusa -fiscales y policía- debe al mismo tiempo garantizar el derecho de defensa a las personas.
La forma de hacer efectivo el derecho de defensa es justamente a través de la de la Defensa Pública. La cual está destinada a mantener el equilibrio entre las partes y a proteger los derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley penal, entiéndase asegurarse que la persona no sea maltratada físicamente ni psíquicamente; no ser apresada sin orden judicial; que se respeten los plazos en el proceso; que no se le levanten o fabriquen pruebas falsas o se escondan las que le benefician; que puedan tener conocimiento de que se le acusa: que sea escuchada su versión de los hechos; que pueda aportar pruebas a su causa… Por tanto, el papel de la Defensa Pública es lograr que todas las garantías enumeradas, sean respetadas y por ende haya equilibrio en el proceso. Por lo que, sin Defensa Pública no hay justicia.
La Defensa es el brazo humano de la justicia, decimos esto porque la cara de la justicia es la pobreza, los marginados a quienes nadie quiere escuchar –por eso somos la voz de aquellos que no tienen voz-. A través de la Defensa Pública el Estado, no sólo cumple su obligación constitucional de garantizar el ejercicio del derecho de defensa al pueblo, sino que evita la impunidad; siendo el órgano que motoriza, gestiona, solicita y exige el cumplimiento de la norma y el conocimiento de los procesos penales. Creemos que para vivir en un verdadero Estado Democrático de Derecho, se necesita proveer a los ciudadanos los mecanismos básicos para el disfrute de sus derechos fundamentales, tales como salud, educación y justicia, entre otros, así como de una Defensa Pública, fuerte y de calidad. Las estadísticas nos revelan la importancia que el servicio de Defensa Pública tiene para el pueblo, ya que llevamos entre un 70% a un 75% de todos los casos penales que ingresan al sistema de administración de justicia.
El servicio brindado por la Defensa Pública es aceptado y procurado por amplios sectores de la población. Sin embargo, existen sectores que entienden que la institución defiende “delincuentes”, lo que estigmatiza a los ciudadanos a los que brindamos el servicio y a los servidores públicos que conforman la institución. A veces escuchamos frases como: “No entiendo las razones por las que el Estado debe pagar abogados para defender los “desechos de la sociedad” a “ciudadanos y ciudadanas de segunda”. Olvidándose que este tipo de servicio existe para garantizar los derechos de todos, y que hoy mismo cualquiera de los lectores puede verse involucrado en un proceso penal y necesitar los servicios de la institución. Cuando se trata de algún familiar cercano, todos queremos que se les garantice sus derechos, en ese momento es cuando aquilatamos en su justa dimensión los beneficios de recibir un servicio legal de calidad, brindado por el Estado.
Sólo con una Defensa Pública concebida en términos como los expresados, sin que nadie entienda que la defensa está para legitimar estadísticas, condenas, o averiguar la verdad, pueden las personas confiar en el sistema de justicia penal. Entendida la institución como indispensable para que cualquier persona, independientemente de su raza, posición social, género o preferencias políticas, tenga oportunidad de acceder a un procedimiento equitativo. Sin que sus circunstancias personales repercutan negativamente en la capacidad para defenderse.
[1] Consignado en la Constitución y los Convenios Internacionales de los que somos signatarios.