Hace algunos años en medio del debate electoral presidencial de los Estados Unidos un candidato tuvo que recordar a su oponente Oye, es la economía.
Y aunque ningún documento propuesto o contra propuesto sobre la reforma tributaria sometida por el actual gobierno lo ha mencionado, el déficit fiscal que nos afecta es de carácter electoral.
En las propuestas y contra propuestas de reforma tributaria, cualquiera que fuere el nombre con que ésta se bautice, o el grupo social, empresarial o de intereses que la pronuncie, no se explica con claridad y sin rodeos el papel importante que en su desbordamiento han tenido las pasadas elecciones.
La razón real de un déficit fiscal del 8% del PIB que se concretiza en 187 mil millones de pesos, nada tuvo que ver con la crisis europea, ni con las hipotecas basuras de los Estados Unidos, ni la crisis del Medio Oriente, ni con la desregulación neoliberal que nos llevó el Consenso de Washington, ni los precios de los combustible y las materias primas, ni mucho menos con las burbujas de cualquier naturaleza, ni las quiebras bancarias.
De todos esos eventos el Presidente Leonel Fernández nos dijo que estábamos blindados. De lo que no pudimos blindarnos fue de su manejo de las finanzas púbicas y su pragmatismo en el uso del poder.
En la República Dominicana esta dislocación de las finanzas públicas tiene origen electoral. Se organiza en la búsqueda, conservación y continuidad del ejercicio del poder y en el convencimiento de que solo una descontrolada inversión, podría evitar que la voluntad democrática se impusiera. Sobre todo si otros la pagarían.
Y esta no fue una práctica exclusiva del proceso electoral de este año, ya venía ejecutándose en las elecciones del 2008 y 2010. Los déficit acumulados sobrepasan los 400 mil millones de pesos. Podría ser un estilo del PLD.
Por eso resulta extraño que al debatir sobre el déficit, discutir estabilidad y desarrollo, al evadir el origen electoral del déficit, se nos olvida demandar la reforma electoral que necesitamos para romper el círculo vicioso de deterioro de la constitucionalidad financiera con los procesos electorales, como si la democracia fuera sinónimo de desorden, y los recursos públicos instrumentos para deteriorar la igualdad de derechos que debe acompañar al sistema.
Imposición o debate, participación o mayoría, sin reformar las leyes electorales, sin establecer topes de gastos, sin la vigilancia de la sociedad, el déficit fiscal continuará su práctica.
Porque si el médico no tiene diagnóstico, difícilmente receta con propiedad. Así que pongámonos de acuerdo organizaciones sociales, empresariales y políticas para decirle al gobierno: Oye, fue el proceso Electoral.