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Desde el inicio del segundo acuerdo con el FMI en octubre del 2009, pero con mayor énfasis desde la cuarta revisión correspondiente a septiembre del pasado, los supuestos del programa se han modificado de forma importante debido a un grave choque externo que aumenta las pérdidas del sector eléctrico e ingresos tributarios 5% menores en relación al estimado presupuestario, y estos cambios negativos obligan a una mayor flexibilidad del FMI pero también al gobierno ejecutar una serie de acciones contempladas en el programa económico para este año.
En las cuatro revisiones y en las pendientes de diciembre del 2010 y marzo del 2011 se han cumplido las metas fiscales con pequeñas desviaciones y también las monetarias, pero el tema eléctrico, agravado por el aumento de los precios internacionales del petróleo, con una tarifa inflexible y un sistema donde todavía el 50% de los usuarios del servicio no lo pagan, conforman una situación fiscal complicada que obliga al gobierno a decisiones heroicas para concluir las revisiones y mantenerse dentro de la sombrilla del FMI.
El presupuesto para el 2011 estimó un precio promedio del barril West Texas de US$83.50, mientras el programa con el FMI en la revisión de septiembre del 2010 proyectaba precios promedios de US$80, sin embargo el precio promedio del WTI en el 2011 ha sido de US$98.50 y alcanzó en abril 109.68 dólares. Si el déficit eléctrico de US$350 era aparentemente imposible de lograr con los precios estimados, mucho menos con el choque petrolero acontecido en el primer trimestre.
Aparentemente el FMI está dispuesto a elevar el déficit hasta US$600 millones, pero el gobierno debe cumplir con el compromiso de ajustar la tarifa eléctrica por lo menos 8% adicional al ajuste de 11% verificado en diciembre del 2010. También el gobierno se comprometió a implementar una tarifa flexible a partir del 2011, así como presentar en marzo de este año un informe sobre los costos y beneficios del régimen actual de exoneraciones y un calendario para la racionalización y reducción de estas.
Indudablemente que ajustar de nuevo la tarifa eléctrica y reducir gradualmente las exoneraciones tienen un costo político, sin embargo mantener en el limbo el programa con el FMI o suspenderlo sería de un mayor costo por las implicaciones en materia de financiamiento externo.
Los requisitos de financiamiento externo para este año ascienden a US$1,826 millones (incluyendo US$500 millones de bonos soberanos) y de no contar con el aval del programa con el FMI esos recursos no ingresarían y entonces no se podría financiar el déficit del gobierno, se producirían atrasos en el servicio de la deuda, se incumpliría con la Ley de Capitalización del BC (con el costo que implicaría en materia de una política monetaria restrictiva) así como el sacrificio de importantes inversiones sociales y de infraestructura de no ejecutarse el presupuesto, de por sí reducido en 12% para este año.
La preservación de un clima de crecimiento con estabilidad, que representa uno de los mayores logros de esta administración, la mejoría de la clasificación riesgo-país, el mantenimiento de un escenario atractivo a la inversión, bien merece asumir las medidas necesarias para concluir las revisiones pendientes con el FMI.
