Aunque reconocido como favorable y oportuno por una mayoría significativa de la población, el acuerdo entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado ha recibido mucha atención de los medios y algunas críticas especificas sobre la forma, no el fondo, en que el mismo se concertó.

El acuerdo, en efecto, violó los estatutos internos de los dos partidos ya que no se conoció ni se aprobó previamente en los organismos de dirección. Pero aun así, fue un acuerdo muy positivo y bien valorado por la mayoría.

¿Justifica esto que dirigentes de los partidos hagan acuerdos al margen de sus organismos colegiados por muy buenos que sean?  No, ya que eso afecta la institucionalidad partidaria y le resta valoración jurídica a las grandes decisiones que afectan a los ciudadanos. 

Sin embargo, ¿tiene este hecho alguna relevancia ante la constante violación de las leyes y reglamentos que prostituyen el orden institucional del país? Obviamente que no.

El acuerdo de referencia, por lo menos, fue positivo. Pero cuando el Gobierno viola impunemente la Constitución, como el caso de la Sunland, las consecuencias son nefastas y perdurarán por el resto de los siglos. Lo peor de todo es que gran parte de ese dinero desapareció por arte de magia. La Sunland le hubiera costado el puesto a cualquier presidente en un país que se respete.

Cuando este Gobierno se dio el lujo de gastar más 30 mil millones de pesos en una sucia campaña política para perpetuarse en el poder y nada pasó, es porque el país ha llegado al extremo de la inmoralidad y complicidad con los hechos más bochornosos que dominan el acontecer nacional. Hoy, el costo de esa barbaridad institucional y jurídica lo están pagando los 9 millones de dominicanos que sienten la crisis hasta en los huesos.

Cuando la ley de electricidad, la ley sobre la seguridad social, la ley de salud, la ley de educación, la ley sobre los municipios, la ley sobre contratación de obras del Estado, la ley sobre medio ambiente, etc. etc. etc. son violadas día a día por el propio Gobierno, entonces no hay porqué preocuparse tanto por un acuerdo positivo entre líderes políticos sin cumplir las normas internas de los partidos.

Este es un país donde se gobierna y se vive en forma ilegal aunque nos resulte difícil entenderlo. Y sobrevivimos a ello gracias a que existen muchos ciudadanos que siguen confiando en la ley y exigen con fuerza su cumplimiento. Pero ahí quedó todo. Es la pantalla que cubre esa ilegalidad.

¿O es que pretendemos tener partidos modernos y disciplinados, una justicia transparente, un orden social justo y equitativo y un sistema económico basado en la ética empresarial cuando el Gobierno le estruja en la cara a los ciudadanos la Constitución y las leyes? Imposible. Ridículo. A la mierda todo.  

Comencemos a importantizar esas grandes barbaridades jurídicas e institucionales y a corregirlas con acciones ejemplares porque después las demás van cayendo por su propio peso.