El proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2017 proyecta ingresos (corrientes, donaciones e ingresos de capital) por un total de RD$539,513.2 millones, equivalentes al 14.9% del PIB y recaudaciones (presión tributaria) por RD$501,608.7 millones, equivalente apenas al 13.9% del PIB, con obligaciones fijas en materia de educación, pago de intereses de la deuda pública, subsidio eléctrico y otros; y aun así se mantiene el mismo nivel de déficit del actual ejercicio presupuestario, se aumentan importantes partidas a una serie de instituciones y se mantiene un adecuado nivel de inversiones en obras prioritarias.
En América Latina y el Caribe la presión tributaria promedio fue de 21.3% del PIB en 2015 (en los países de la OCDE ascendió a 34.9%); mientras República Dominicana en este año 2016 apenas llegará a 13.4% del PIB, la más baja de la región con excepción de Guatemala, y para el ejercicio del año próximo se aspira a elevarla en 0.5 puntos porcentuales en base a figuras impositivas pendientes de aplicar de anteriores reformas y una reducción en la evasión.
Para el proyecto de presupuesto de 2017 se contempla el compromiso del 4.0% del PIB para la educación preuniversitaria, 0.3% para la superior, 3.9% intereses de la deuda pública (incluyendo los recursos para la recapitalización del Banco Central), subsidio eléctrico 1.0% y si a eso le agregamos el 2.0% del PIB para el sector salud y 1.7% para la protección social, resulta que esos capítulos consumen el 12.9% del PIB, por eso es imposible satisfacer las aspiraciones legítimas de sectores e instituciones porque la sabana no alcanza para más.
A pesar de esas limitaciones, al sector salud se le aumenta el presupuesto en RD$16 mil millones, pasando de 1.8% del PIB al 2.0% del PIB, se incrementan los recursos para ampliar la cobertura de la seguridad social, el presupuesto del Poder Judicial se incrementa en RD$800 millones, también a varios ministerios, se contemplan aumentos salariales en el sector salud, educación y defensa pública y aún así el proyecto contiene obras importantes como el Metro de Santo Domingo, el funicular, remodelación de decenas de hospitales, presas, carreteras y asfaltado.
Con ingresos totales equivalentes a RD$539,513.2 y gasto total por un monto de RD$624, 407.0, es inevitable un déficit fiscal de RD$84,893.8 millones, equivalente al 2.3% del PIB, que es justamente el déficit-meta para este 2016. Si se agrega ese déficit, financiado con endeudamiento público, el Gobierno contará con recursos equivalentes al 17.2% del PIB, que aun así es inferior a la presión tributaria promedio en la región.
Obviamente en la medida que se sigan generando déficit y no haya un adecuado superávit primario, el pago de los intereses seguirá en aumento y para 2017 representan el 18% de las recaudaciones.
Para el próximo año las aplicaciones financieras (amortización de la deuda, disminución de cuentas por pagar y activos financieros) van a demandar un monto de RD$86,992.3 millones, que sumado a los RD$84,893.8 millones del déficit presupuestario, apunta a necesidades financieras por un monto total de RD$171,886.1 millones equivalente al 4.8% del PIB, menor en 0.5 puntos porcentuales a las necesidades de financiamiento de este año.
Esta sociedad, especialmente los empresarios, deben asimilar que con este nivel de ingresos y presión tributaria es imposible mejorar de forma sustancial la salud pública y universalizar los servicios, que es imposible pensar en reducir la criminalidad con los actuales niveles salariales de los policías, los jueces y los fiscales; que es imposible invertir con recursos internos en la infraestructura imprescindible para el desarrollo, pero también es insostenible seguir cebando la bomba del endeudamiento público.
La única salida es sentarse y discutir un pacto fiscal, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, para impulsar una reforma fiscal integral que garantice la presión tributaria para cumplir las metas de dicha ley y que vaya acompañada de una ley de responsabilidad fiscal que impulse de manera sostenida una mejor calidad en el gasto y topes al déficit presupuestario.