Presidente, con ese nivel de recaudaciones es imposible aumentar los salarios y satisfacer la demanda de obras; con mucha imaginación y recortando aquí y allí hemos logrado mantener el 4% para educación y aumentar a salud y justicia”. “Bueno, si ustedes no han localizado más recursos, porque no podemos pasarnos de 2.8% en el déficit, entonces concluyan y vamos a presentarlo al Consejo de Gobierno”. (Conversación ficticia entre el Presidente Danilo Medina, el Ministro de Hacienda Simón Lizardo y el Director de Presupuesto Luis Reyes).

De nuevo, como cada año, las quejas, por lo demás legítimas, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los Senadores que aspiran a más obras en sus provincias y a importantes servidores públicos, como médicos, enfermeras y maestros, entre otros, que merecen mejores salarios; pero resulta que el nivel de presión tributaria en República Dominicana, unido a la calidad del gasto, representan serios obstáculos para satisfacer las justas aspiraciones de diferentes sectores.

Cuando se formuló el proyecto de presupuesto para el 2013 los estimados apuntaban a recaudaciones por un monto de RD$363,711.5 millones, equivalentes al 14.6% del PIB, sin embargo la re-estimación para formular el presupuesto de 2014 reduce los ingresos tributarios a un monto de RD$352,641.1 millones, equivalente al 14.1% del PIB. El proyecto depositado en el Congreso aspira a recaudaciones por un monto de RD$401, 705.2 millones (14.7% del PIB), el cual es mayor en 13.9% en relación a los ingresos tributarios re-estimados para este año. La experiencia de anteriores ejecuciones y el final de ciertas figuras impositivas e ingresos extraordinarios percibidos en 2013 revelan que al final del camino las recaudaciones serán menores a esa meta.

La República Dominicana en 2012 logró una presión tributaria de 13.4% del PIB, mientras el promedio de América Latina y el Caribe fue de 19.7% del PIB. Es cierto que en la región hay países como Argentina y Brasil con una carga tributaria de 37.3% y 34.8% y en el otro extremo a Guatemala con 10.9% del PIB. Otros países como México con una presión tributaria de 10.1% del PIB, pero gracias a los ingresos petroleros su nivel de gasto fue equivalente al 18.5% del PIB, o Venezuela que con una presión tributaria de 13.5% del PIB su gasto total alcanzó el 28.5% del PIB. En América Latina y el Caribe, descontando los países con ingresos petroleros gubernamentales, solo Guatemala y Haití presentan cargas tributarias inferiores a la RD.

En AL y el Caribe el promedio del gasto total gubernamental ascendió en 2012 al 25.1% del PIB, y los países que encabezan la región, las economías emergentes, todas gastaron por encima del 25% del PIB (salvo Chile con 21.1%), mientras la República Dominicana en este proyecto de presupuesto, con un estimado optimista de ingresos, alcanza un gasto equivalente al 18.3% del PIB y eso gracias a los recursos adicionales provenientes de la explotación de Barrick Gold (RD$14,518.8 millones) y a un déficit por un monto de RD$77,709 millones (2.8% del PIB).

Las recaudaciones no alcanzan para las aspiraciones legítimas de muchos sectores porque sencillamente entre educación (4.3% del PIB), salud (1.8% del PIB), protección social (1.9%), subsidio eléctrico (1.6%) y pago de intereses de la deuda (2.6%), en conjunto consumen 12.2% del PIB, cuando los ingresos totales apenas llegan al 15.3% del PIB, es decir que para justicia, Ministerio Público, seguridad, agropecuaria, agua, vivienda, caminos, etc. apenas sobra el 3.1% del PIB. Imposible, la sabana es muy corta para arroparnos.

La única vía para garantizar los recursos y cumplir las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es justamente como ella señala, un pacto fiscal que mediante una equitativa y menos regresiva reforma del sistema impositivo garantice una presión tributaria ascendente (24% del PIB en 2013), también el compromiso de los gobiernos de una responsabilidad fiscal y una mayor calidad en el gasto.

De no lograrse ese pacto fiscal, en pocos años los gobiernos estarán limitados a pagar los intereses de la deuda pública, a cubrir los salarios, cada vez con menor capacidad de compra, y restarán limitados recursos para la inversión productiva.