Imposible con esa presión tributaria

Imposible con esa presión tributaria

El proyecto de presupuesto del Gobierno central para el próximo año proyecta ingresos totales estimados en 15.09% del PIB y una presión tributaria de apenas 14.12% (el estimado para este año es de 13.82% del PIB), con obligaciones fijas en materia de educación, pago de intereses de la deuda, subsidio eléctrico y otros; lo cual limita los grados de libertad de la autoridades para satisfacer necesidades legítimas de varios sectores y aún así es necesario incurrir en un déficit presupuestario, relativamente bajo, que necesariamente implica un aumento de la deuda pública.

En América Latina y el Caribe la presión tributaria promedio fue de 21.3% del PIB en 2014 (en los países de la OCDE ascendió a 34.9%), con países como Brasil con 35.7% del PIB y Argentina con 31.2%; mientras República Dominicana exhibió una presión tributaria de apenas 14%, solo Guatemala con 13%, presentó una presión tributaria más baja.

El proyecto de presupuesto para 2016 contempla ingresos totales por un monto de RD$490,298.3 millones, equivalente al 15.09% del PIB, e ingresos tributarios por un monto de RD$458,875.7 millones, equivalentes a 14.12% del PIB.

Del lado del gasto el Gobierno mantiene el compromiso con el 4.0% del PIB para la educación básica y 0.2% para la superior, los intereses de la deuda pública van a requerir 3.0% del PIB, el sector salud 1.8% y el subsidio eléctrico 1.0% del PIB. Solo esos cuatro renglones consumen el 10% del PIB (RD$325,891.3 millones), equivalente al 66.4% de los ingresos totales. Descontando estos, apenas se cuenta con el 5.09% del PIB para defensa nacional, policía, justicia, ministerio público, todos los ministerios e instituciones descentralizadas e infraestructura. La sabana no alcanza para tanto y por eso es imposible satisfacer los requerimientos legítimos de muchos ministerios e instituciones.

Aun con todas esas limitaciones el Poder Ejecutivo ha sometido un proyecto de presupuesto que mantiene su compromiso con la educación, la salud, la seguridad ciudadana, que dedica el 47.5% del gasto a los servicios sociales, que establece el 2.4% del PIB a gastos de capital y a pesar de ser un presupuesto para un año electoral mantiene un déficit presupuestario similar al de este año por un monto de RD$75,893.5 millones, equivalente al 2.3% del PIB, y esto en principio va a incrementar la deuda pública en US$1,607 millones.

Con un nivel de ingresos totales y presión tributaria tan baja es inevitable incurrir en déficit presupuestario (por noveno año consecutivo) y ese déficit aumenta una deuda externa cuyo pago de intereses el año próximo va a requerir la suma de RD$97,767.4 millones, equivalentes al 3.0% del PIB, que representa la partida más grande del gasto después de la educación.

Para el próximo año las aplicaciones financieras (amortización de la deuda, disminución de cuentas por pagar y activos financieros) va a demandar un monto de RD$97,366.3 millones que sumado a los RD$75,893.5 del déficit presupuestario, apunta a necesidades financieras por un monto total de RD$173,259.8 millones equivalente al 5.3% del PIB. No es accidental que solo en bonos internacionales y locales el Ministerio de Hacienda contempla colocar la suma de RD$114,601 millones.

Esta sociedad, especialmente los empresarios, deben asimilar que con este nivel de ingresos y presión tributaria es imposible mejorar de forma sustancial la salud pública y universalizar los servicios, que es imposible pensar en reducir la criminalidad con los actuales niveles salariales de los policías, los jueces y los fiscales; que es imposible invertir con recursos internos en la infraestructura imprescindible para el desarrollo, pero también es insostenible seguir cebando la bomba del endeudamiento público.

La única salida es sentarse y discutir un pacto fiscal, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, para impulsar una reforma fiscal integral que garantice la presión tributaria para cumplir las metas de dicha ley y que vaya acompañada de una ley de responsabilidad fiscal que impulse de manera sostenida una mejor calidad en el gasto y topes al déficit presupuestario.

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