Nadie puede sustraerse a los extremos de gravedad sobre gestiones administrativas del Estado que dan a entender los expedientes judiciales y últimos resultados de auditorías divulgados en esbozos para conocimiento de la ciudadanía.

Ningún procedimiento de tal carácter podía quedar, en ninguna fase, a espaldas de la sociedad que vendría a resultar la pagadora de los platos rotos en anticipación incluso a que se establezca la real culpabilidad de cada quien.

De estar llamados a la sensibilidad para estremecerse por respeto al patrimonio nacional y a las instituciones no se excluye a quienes por ocho años o más tuvieron a los prevenidos en subordinación a sus órdenes y a su supervisión fiscalizadora.

Ejercicios que exigían idónea vigilancia para que las finanzas puestas a su cargo no fueran blanco de desparpajada codicia.

El tema dominante lo vienen a ser los hallazgos, aun estando pendiente el arribo a la cosa definitivamente juzgada, de indicios de que se abusó del poder.

Inquieta el vacío de argumentaciones y documentaciones -no de vocinglera desautorización a los encausamientos- a ser aportados por quienes tras dirigir la cosa pública en el pasado se encuentran lógicamente en el legítimo derecho de negar cargos y relación directa con lo acaecido.

La conciencia del país, intrigada, alarmada y pendiente de resultados como espectadora, merece respuestas anticipadas, sustanciales, para ir conociendo cuanto antes la verdad. Esta batalla retórica va a continuar.

Sobre la marcha el país debe sentir que desde ya llega luz al pasado

Dios es juez sobre los jueces sin que el pueblo pierda derechos a juzgar

Lo de “oral, público y contradictorio”, vale para todo momento