Como si se estuviera viendo en el espejo de una insolvencia oficial que puso a empadronadores del Censo a trabajar sin recursos para sostenerse durante su ardua labor callejera, la Junta Central Electoral reveló la insólita omisión de quienes elaboraron el Presupuesto del Estado 2023 dejando fuera el monto grande de partidas para la preparación un año antes de dos grandes citas de la nación con la urnas en el 2024.

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Además de las actividades ordinarias con que preside y registra los actos de la vida civil de los dominicanos con su correspondiente expedición de documentos de identidad y de estatus jurídicos, la JCE comienza desde el día siguiente al proceso que culmina a crear las bases para nuevas consultas con minuciosa identificación de fallas a superar. La democracia, y el perfeccionamiento de sus mecanismos para la captación de la voluntad popular tienen un precio alto que debe pagarse puntualmente.

Luego se llega a una cuenta regresiva que hace asumir al órgano rector un calendario de fases inaplazables de un plan estratégico para rodear de transparencia y legalidad el ejercicio del voto que requiere cimientos fuertes que la JCE debe colocar a tiempo con suficiencia de recursos. Obligaciones cíclicas que para el 2023-2024 le fueron recordadas oportunamente al Poder Ejecutivo. No hubo, sin embargo, quien evitara el despiste logístico que representa un riesgo para la culminación exitosa del Censo Nacional. Sobre todo después de los escasos resultados de estudios demográficos anteriores.