En la agenda del país están inscritas unas prioridades bien definidas. La recomposición de la economía, adecuación del aparato productivo para que pueda responder a las demandas globales, el restablecimiento de la confianza, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y cosas por el estilo, están en el primer orden de esa agenda.
Los esfuerzos del Gobierno, el empresariado y la sociedad civil en general están dirigidos a superar los enormes dificultades provocadas por un manejo inadecuado de la economía y el desbordamiento de las ambiciones de poder de quienes administraron el Estado en el pasado cuatrienio.
Por otra parte, aunque no está descuidado el laborantismo con miras a las elecciones congresionales y municipales del 2006, la agenda política parece tener en primera línea la recomposición de cada uno de los partidos, algunos de los cuales no han logrado armonizar sus relaciones internas, seriamente resquebrajadas por el proceso electoral.
-II-
Es en virtud de los enfoques anteriores que viene a resultar improcedente y mal fundada la propuesta hecha al Presidente Leonel Fernández por el vicepresidente y otros dos miembros del Senado, para que someta un proyecto de reforma constitucional con la finalidad de unificar las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales y extender el período de ejercicio de legisladores, síndicos, vicesíndicos y regidores, entre otras cosas.
La propuesta es improcedente por varias razones atendibles, entre las cuales es notable el hecho de que proviene del sector político responsable del desaguisado que incluyó la reelección en la Constitución y que, para más señas, tiene mayoría en el Congreso y los gobiernos municipales.
Por si fuera poco, la propuesta pretende que se extienda a seis años el período de ejercicio de autoridades congresionales y municipales que fueron elegidas por cuatro años, y no más.
-III-
Si la Constitución requiere modificaciones -y estamos entre los que favorecen que se la modernice y actualice- éstas deberán ser hechas a partir de una reforma previa, que establezca el sistema de Asamblea Constituyente de amplia base como mecanismo único para acometer los cambios constitucionales.
No cabe en juicio sano que en el contexto actual, con la correlación de fuerzas predominantes en el Congreso y con los antecedentes reformadores de quienes componen mayoría, se pretenda realizar cambios constitucionales que respondan a las más puras necesidades de actualización que, sin duda, tiene la Carta Magna.
Nuestra sociedad requiere que sus fuerzas representativas, no exclusivamente las políticas, tengan protagonismo en las reformas de la Constitución. De ahí que el medio idóneo para estos cambios sea una Constituyente de la más amplia base, para que los resultados del esfuerzo desborden el marco del consenso exclusivamente político, o del contubernio, como ha ocurrido.
La propuesta de estos tres senadores ha llegado en un mal momento, cuando las mentes y las energías de las mayorías están fijadas hacia otras prioridades, y en esa virtud, debe ser rechazada por improcedente y mal fundada.