Perjuicio fiscal para los contribuyentes

No es cuestionable el hecho cierto que la Ley 253-12 aumenta las cargas fiscales a la ciudadanía, denominada eufemísticamente Ley Para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado Para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, en la cual el legislador lo menos que tomó en cuenta fue la condición miserable de la mayoría de los nacionales y además arrastra aun más a estas hacia abajo en la escala social como sucede en el caso de los envejecientes que la ley 352-98 protege,  muy bien comentada por el amigo José R. Martínez Burgos en uno de sus acostumbrados artículos.

La Ley número 253-12 señalada grava con el 10 por ciento los intereses pagados por las entidades financieras reguladas por el sistema financiero que incluye los ahorros de aquellos envejecientes precavidos que prepararon para sus últimos años de vida sus ingresos, con el fin de no ser una carga social para el Estado, cuando en realidad la política estatal debe ser estimular el ahorro en provecho de este, al ser ese sector junto con el de los niños el que debe ocupar la atención de los gobiernos como lo establecen muy claramente la Constitución y las leyes.

La ley 352-98 sobre Protección a las Personas Envejecientes, que la gran parte  de la ciudadanía desconoce y que la mayoría de las instituciones no aplican, concede muchas facilidades en beneficio de estos con la finalidad de minimizar la condición  de muchas personas mayores que mueren en la indigencia porque sus descendientes los abandonan por lo cual hemos repetido muchas veces nuestra oposición a medidas como la de gravar los intereses de los ahorros.