Nadie discutiría con razón la obligación de todos los ciudadanos  de contribuir para cubrir el gasto público que nos beneficia a todos, pero debemos considerar al crear la obligación legal  la capacidad contributiva de cada uno tal como lo especifica nuestra Carta Magna.

Esto viene a colación por el lamento grande de los envejecientes, que tienen razones de sobra, pues gravar los intereses percibidos por personas sin capacidad de trabajo y siendo los ingresos de los envejecientes  casi siempre mínimos y provenientes de capitales productores de intereses que en la actualidad la tasa pagada por aquellos es mínima para personas sin otros medios para enfrentarse a la vida con los altísimos costos de las medicinas y de la alimentación resulta muy difícil atender al pago de los tributos al Estado y aun más cuando se trata de intereses que no constituyen en realidad rentas netas porque la inflación absorbe gran parte de estos.