Tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ADN, como el gobierno central han escogido el peor momento para ambos pretender imponerle a la población nuevas cargas impositivas. No hay forma de justificar un incremento de impuestos y tasas a una comunidad que percibe que la ciudad colapsa, que su centro histórico languidece, que el trasporte público de pasajeros es un completo desastre y la movilidad en sus polígonos comerciales es casi imposible.

Podemos admitir que es necesario que en el país se replantee el tema del impuesto predial como forma de recuperación de la plusvalía que socialmente se produce a través  del suelo y las viviendas, de la cual sólo son beneficiarios los promotores privados, que lo que se recaba por concepto de este impuesto,  es bajo en toda la región y de manera particular en este país. También que algunos países los ayuntamientos logran la competencia sobre este impuesto y esto les permite una sustancial entrada de recursos, sobre todo en las construcciones en las zonas turísticas.

De igual manera, debemos convenir en que no es cierto que las nuevas tarifas sobre los permisos de no objeción incrementarán los costes de las viviendas populares, como argumentan algunas bocinas y promotores inmobiliarios convertidos en regidores por obra y gracia de la corrupción política. Contrario a lo que tanto ellos como muchos promotores dicen, al mercado formal de la construcción de viviendas apenas accede un 13-15% de la población.

Pero, lo que es difícil rebatir es que nadie asume deberes si no se le garantizan sus derechos, un principio que no garantizan unas las actuales autoridades del ADN, las cuales carecen de la suficiente legitimidad, de la autoridad moral que confiere una eficiencia en el servicio y una pulcritud en el manejo de los recursos. Por lo tanto, su pretendido incremento de tasas e impuestos, por más razonables que estos sean, tienen que ser rechazados.

Las autoridades del ADN tendrán legitimidad para exigir una mayor tributación, cuando den señales de enfrentar unos de los más caros e inseguro sistema de transporte público del mundo, cuando puedan impedir la especulación que encarece el suelo edificable, que es lo que más encarece el costo de las viviendas, cuando aprueben un Plan Regulador que oriente el crecimiento de la ciudad y limite la corrupción de los regidores al momento de dar determinados permisos de construcción y cuando la población se sienta mínimamente segura.

En medio de todo esto, el gobierno central anuncia el impuesto de un peso por cada galón de gasolina para costear viviendas y privilegios a una mafia que controla el transporte urbano de pasajeros y ganarse el favor de ésta, en acto de clientelismo y corrupción política que se repite constantemente.

Por eso, entre otros factores, estamos entre los tres países de la región que menos creen en la justificación de pagar impuestos. Nadie puede aceptar pagar impuestos cuando no  tiene confianza en sus autoridades, de ahí el justo rechazo  a las pretensiones del gobierno central y del ADN, dos instituciones de muy baja legitimidad.