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BIENVENIDO ALVAREZ VEGA
La mejor promoción que puede hacerse a favor del pago de impuestos es una inversión pública que los contribuyentes aprueben y se sientan satisfechos de la misma. Como muy bien señalan los cobradores de impuestos de todo el mundo, a nadie le gusta pagar tributos al fisco. Siempre se prefiere pagar la menor cantidad posible de impuestos. Pero esa resistencia natural es mayor en un país que en otro. Por ejemplo, en los países menos desarrollados la renuencia a pagar impuestos está argumentada, según los especialistas en la materia, en la pérdida de rentabilidad.
Es decir, los empresarios levantan banderas contra los tributos sobre la base de que los mismos merman sus ganancias. Y se trata, como todos saben, de economías rentistas, es decir, economías donde el empresario procura ganar la mayor cantidad de dinero con procesos simples y en el menor tiempo.
En las grandes economías, en cambio, los impuestos son rechazados solo si los mismos restan competencia interna y externa y si los ingresos recaudados por el gobierno son canalizados hacia inversiones rechazadas por los contribuyentes.
Los dominicanos somos, todos, renuentes a las alzas impositivas. O, para mejor decir, al pago de tributos. Las razones de esta actitud deben ser múltiples, incluyendo algunas de las mencionadas más arribas. Queremos subrayar, sin embargo, un hecho que podría hacer más intensa esta renuencia. Se trata de la calidad y la utilidad de la inversión pública.
La visión moderna de los impuestos aprecia que los mismos son una especie de inversión pública que hace el ciudadano, el contribuyente. No solo es, como suele decirse, el financiamiento del aparato estatal. Para el que paga los tributos, se trata de una contribución para el mantenimiento de los servicios básicos que él necesita con el fin de llevar una vida en sociedad adecuada y de calidad.
Cuando ese contribuyente observa cómo el gobierno invierte los ingresos fiscales, en qué los invierte y qué beneficio deriva él como ciudadano, entonces asume una determinada actitud. Esta será negativa o positiva dependiendo del retorno que reciba de la inversión pública, es decir, de cuanto le beneficie o no.
En la experiencia dominicana, es evidente que las inversiones gubernamentales responden a prioridades que no siempre han sido las de los ciudadanos. Los presidentes de la República, en su excesiva concentración de poder, ordinariamente responden a criterios muy personales o de grupos para disponer cómo se distribuye y cómo se gasta el dinero recaudado por el pago de impuestos.
El principal criterio debería ser atender a todas las necesidades de la sociedad, empezando por las de los ciudadanos y ciudadanas como personas y como entes en desarrollo. Los ciudadanos necesitan fuentes de trabajo, necesitan alimentarse de acuerdo a las demandas del cuerpo, necesitan escuelas para educarse, necesitan hospitales para sanar sus enfermedades, necesitan agua potable, necesitan un entorno limpio, higiénico, necesitan lugares para practicar deportes y para divertirse, necesitan educación superior, necesitan educación especializada para responder a las demandas de los tiempos, necesitan viviendas para vivir, necesitan libros para leer, necesitan lugares para expresar sus inquietudes espirituales, necesitan infraestructura para la comunicación para los vehículos de motor, para los barcos, para los aviones; necesitan facilidades para la tecnología digital, etcétera.
Cuando las inversiones públicas no responden a las necesidades jerarquizadas de los hombres y las mujeres de una determinada sociedad, entonces se eleva la renuencia y la resistencia a la contribución fiscal. En cambio, cuando el Estado sabe responder a esas necesidades con eficiencia, calidad y prontitud, entonces esa resistencia es menor, mucho menor.
Cuando en la República Dominicana las inversiones públicas sean más útiles a los ciudadanos, cuando respondan más a las necesidades cotidianas de las personas, entonces de seguro que los cobradores de impuestos conseguirán respuestas más positivas a sus legítimos esfuerzos para que las personas no evadan sus responsabilidades fiscales.
