POR ÁLVARO DE ESTEBAN L.
Es práctica común en los estados actuales establecer impuestos “especiales” que gravan el consumo de determinados artículos. Probablemente los más extendidos sean aquellos soportados por alcoholes, tabacos y combustibles. Son instrumentos fiscales que no generan especial contestación entre la población e incluso hipotéticas subidas  no son especialmente mal vistas por la generalidad de los consumidores.

Los gobiernos de los estados pueden utilizar la elevación de la tasa de este tipo de impuestos para conseguir dos objetivos fundamentales, en primer lugar, aumentar los ingresos fiscales, y en segundo, desincentivar el consumo  de los artículos objeto de estos impuestos, alegando, en el caso del alcohol y tabaco, razones sanitarias, y en el caso de los combustibles razones ecológicas y de reducción de consumo de petróleo, con la consiguiente mejora de la balanza de pagos en los países no productores.

Si a primera vista se podría estar de acuerdo con estos argumentos, no deberíamos olvidar una consecuencia inmediata e inevitable de este tipo de medidas: el aumento de precio de los productos gravados por el impuesto, y en el caso de los combustibles, de TODA la producción del estado con su consiguiente reflejo en la inflación.

Este componente inflacionario, aparte del impacto directo sobre el consumidor y que penaliza de manera más grave a los perceptores de rentas más bajas, tiene dos consecuencias nefastas: como es sabido, en muchos países los aumentos de las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos se realizan en función de la inflación anual, con lo que la pretendida mejora de la balanza fiscal no es tal, y lo que es aún mas grave, si, como también es práctica habitual, los salarios del sector privado se revisan de la misma forma estas medidas acarrean una pérdida de competitividad de la economía nacional.  

Cuadro (Instituto Nacional de Estadística y servicio de estudios del BBVA). Efecto en el IPC de carburantes de las modificaciones de impuestos indirectos sobre carburantes introducidas en España durante el periodo 1987 – 2000.

Se aprecia que de no haberse introducido o modificado estos impuestos el Índice de precios al consumo de estos productos hubiera estado muy por debajo del IPC general contribuyendo a una moderación del mismo.

En este trabajo se estiman los efectos sobre la evolución del Índice de Precios de Consumo en España de los cambios normativos en el Impuesto sobre el Valor añadido así como en los tres Impuestos Especiales más relevantes, sobre el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos, entre enero de 1983 y diciembre de 2000.

El principal resultado obtenido es que las variaciones en la imposición indirecta en el periodo han supuesto un incremento de carácter permanente y acumulado en el nivel de los precios de consumo en el año 2000 del 5,6%. La tasa de inflación acumulada desde 1983 hasta la actualidad, 142,6%, podría haber sido inferior, al menos, en 13 puntos porcentuales.

Conclusiones del trabajo del Servicio de Estudios del BBVA sobre impuestos indirectos e inflación en España 1983-2000.

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El autor es economista y director de Organización y Control-Industrias Láctea Asturianas S.A. (Reny Picot/Madrid España)