ROSARIO ESPINAL
En las últimas semanas el licenciado Juan Hernández, director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y funcionario de reconocida reputación recaudadora, declaró varias veces, incluso ante organizaciones empresariales, que la evasión del ITBIS es alta, estimada en un 43% en el 2003, según un estudio realizado. Esto quiere decir que los comerciantes cobran el ITBIS a los consumidores y se quedan con una porción grande de los impuestos que deberían entregar al Estado.
El Impuesto de Transferencia a los Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se estableció en la República Dominicana en 1984, en medio de la crisis económica que agobió el país en ese entonces. Es un impuesto regresivo porque todos los consumidores pagan igual, independientemente de su nivel de ingreso, y ha sido una pieza clave en la estrategia fiscal de los países endeudados para captar más dinero del pueblo.
A fines de los años 80 la tasa del ITBIS dominicano era de 6%; pero siguió aumentando en cada momento de dificultad económica, hasta que a fines del 2004 pasó del 12% al 16%, bajo el argumento de que el incremento era necesario para resolver la crisis de endeudamiento externo e interno que había quebrado la estabilidad macroeconómica.
Si hacemos un ejercicio de economía simple podemos entender fácilmente por qué se ha agudizado la pobreza en la República Dominicana. De 1984 al 2004, el ITBIS se disparó al 16%, se establecieron otros impuestos selectivos al consumo, la tasa de inflación anual promedio acumulada (un impuesto devastador) aumentó en 425%, y los salarios no experimentaron grandes ajustes para compensar por ese drenaje de recursos.
Que encima de todo eso los comerciantes retengan cerca de la mitad del ITBIS que colectan del pueblo, y que el Estado no haya hecho todo lo posible a través de los años por captar esos recursos, es un delito grave y una injusticia vergonzante.
La retención del ITBIS promueve una capitalización empresarial ilícita y contribuye a aumentar la concentración de riqueza en una minoría. Ambos procesos obstaculizan la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso a favor de la mayoría, tarea urgente en un país que históricamente ha registrado una fuerte desigualdad en el acceso de la población al ingreso nacional.
La magnitud de esta desigualdad la muestra claramente el Índice de Desarrollo Humano. Según los últimos datos disponibles de 1998, el 20% más pobre de la población dominicana obtiene sólo el 5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico obtiene el 53%. El otro 60% de la población recibe el 42% del ingreso. Este último grupo representa distintas camadas de las capas medias, quienes pagan la mayor parte del ITBIS cuando compran vestimenta, muebles y accesorios para el hogar, comidas y bebidas en restaurantes, hoteles y bares, entre otros. Este grupo ha quedado económicamente atrapado y empobrecido con las alzas de los precios y del ITBIS, situación agravada por la evasión de impuestos que transfiere ilícitamente recursos del pueblo a los empresarios.
Despojos de esta naturaleza contribuyen a que la economía dominicana produzca muchos pobres con baja capacidad de consumo y que no logre expandir y sostener a la clase media. Porque resulta que el Estado necesita el dinero de los impuestos para invertir en programas de desarrollo económico y social que eleven el nivel de vida de la población empobrecida y que sostengan las mejorías alcanzadas por los sectores medios.
Vale preguntar entonces: ¿por qué aceptan los contribuyentes este tipo de despojo mediante el robo de impuestos? ¿Desconocen lo que ocurre? ¿Piensan que si no se lo roban los empresarios se lo robarán los funcionarios públicos, y por tanto, qué más da? ¿Por qué no existe en el país una organización fuerte que proteja los derechos de los contribuyentes?
La razón principal de que existan impuestos y que la gente los pague es que el Estado ofrezca servicios de calidad a la población en educación, salud, transporte y seguridad, entre otros. En la República Dominicana, la ciudadanía paga impuestos pero no recibe servicios adecuados a cambio de su contribución fiscal por la ineficiencia y corrupción estatal, pero también, porque mucho dinero de los impuestos ni siquiera llega al Estado.
El país necesita con urgencia reducir la cantidad de pobres y consolidar la clase media. Para lograrlo hay que fomentar una economía de mercado creativa, competitiva, legal y honesta. Pero ni eso es suficiente. El Estado tiene que asumir una función redistributiva mediante un aumento sustancial en el gasto público social bien concebido y administrado.
Revertir la desigual distribución del ingreso y terminar con el despojo de los recursos del pueblo es esencial para desarrollar el país. No es un asunto de populismo demagógico e irresponsable, sino de esfuerzos sistemáticos y bien pensados en políticas públicas. Porque con tantas desigualdades, fraudes y robos no habrá desarrollo.