Tribunales de la República, incluyendo el Constitucional y especialmente el Superior Electoral, están abiertos a los impulsivos entes de la lucha partidaria para establecer a quiénes corresponde la verdad, pero lo conflictivo de los procesos y la inestabilidad en que caen las organizaciones políticas a la hora de señalar candidaturas y cargos electivos están siendo vistos como posible origen de una oleada de recursos materialmente difícil de manejar. El sistema en que se enmarcan las diferentes fases de votación estará puesto a prueba con inmensidad de tareas que se auguran para la corte de específica jurisdicción electoral que nació sin la disponibilidad de un ministerio público que debió configurarse con suficiente anticipación.

Tras esta riesgosa omisión, los liderazgos partidarios en capacidad de asumirse imparciales deberán ejercer arbitrajes (y no hay dudas de que todavía a este momento se carece mucho de ello) para lograr entendimientos entre los muchos polos opuestos que afloran en ruta a las consultas de primarias. A cada dirección partidaria le toca la responsabilidad de influir con sentido de disciplina y preservación de un orden para que las contradicciones de sus aspirantes no lleguen con sus asperezas a saturar de infuncionalidad los canales de lo contencioso. Que las individualidades llevadas a extremo no entorpezcan las elecciones a base de recursos y contrarecursos quitándoles fluidez y sembrando dudas.

Compromisos primordiales

La sociedad busca en cada coyuntura electoral llevar a los poderes una diversidad representativa de toda ella; delegación para que se la gobierne con pluralidad y fines sociales; que esos elegidos no pequen de sectarios con sus voluntades encajadas en agendas partidarias y personales. Servirle más al pueblo que a los otros señores que por alegada disciplina partidaria les trazan pautas.

Porque no siempre se atina en ser justos con las causas primordiales, el orden institucional estuvo en incertidumbre con prolongadas y enigmáticas amenazas de reformar la Constitución para acomodarla unilateralmente a la permanencia en el poder “a cualquier precio” y desoyendo voces de sensatez y legitimidad, trascendiendo que las lealtades que habrían hecho triunfar la mala causa serían mezquinas y en contraposición al interés nacional.