La construcción de viviendas de interés social está en vías de recibir un significativo respaldo del Poder Ejecutivo a concretarse con el proyecto de modificación de la ley 189-11 que extenderá incentivos fiscales hasta los tres millones y medio de pesos de costo por unidad en el mercado inmobiliario. Significa que más familias del sector poblacional de escasos recursos estarían cerca de realizar el sueño de disponer de un techo propio. Futuros adquirientes sería beneficiados con pagos iniciales y de mensualidades inferiores a los que predominan en la actualidad. La construcción es pilar del crecimiento del Producto Bruto Interno que deriva un efecto multiplicador y de redistribución del ingreso que eleva su importancia en términos sociales. Incentiva e impulsa la permanencia y creación de empleos al tiempo de combatir el déficit habitacional.
Mientras está en marcha la política de dotar de alojamiento digno a familias que pueblan caóticamente orillas de ríos y precipicios, vale democratizar el acceso a créditos para viviendas de más sectores de bajo poder adquisitivo en impulso a la movilidad social. El crecimiento de la economía debe tener mayor reflejo en la colectividad como se ha reclamado. La ley debe propiciar un equilibrio entre las inversiones que suplen torres de apartamentos de alto costo y las que se destinen a proyectos de clase media baja y aun de ingresos menores.

Más empleos para jóvenes

La falta de acceso al mercado laboral y a veces también a la educación y al aprendizaje del sector más joven de la población implica riesgos para la paz social y el desarrollo. La realidad de costos y rendimiento que toma en cuenta el empleador para preferir mano de obra con experiencia es un buen motivo para crear, como aspira el Gobierno, un régimen especial para primeros empleos. Supondría menos rigor de aplicación de las normas ordinarias en la relación obrero-patronal.
Además, la excepción fiscal que ampara a sectores de producción, a veces con largueza y sacrificio del Estado para garantizar rentabilidad a empresas, debería estar fundada de algún modo en el requisito a cumplir por los beneficiarios de colocar en sus nóminas un número de trabajadores de iniciación en la etapa productiva.