A varias semanas de haber concluido el proceso electoral, mueve a preocupación el que las autoridades no hayan sometido a la acción de la justicia a los responsables por los hechos de violencia ocurridos durante los pasados comicios.

Al menos cinco personas fallecieron en hechos que se relacionan con el proceso electoral. Se está convirtiendo en una perniciosa costumbre el que crímenes y delitos ocurridos durante las campañas electorales queden sin solución.

Las autoridades cometen el desatino de calificar esos hechos como asuntos políticos, propios de las campañas electorales y por tanto fuera de su alcance la investigación y posterior sanción a los mismos.

La legislación vigente obliga al Ministerio Público a perseguir sin excepción todos los hechos punibles, sin importar quién los haya cometido, ni cuándo se hayan producido.

En vista de lo cual el activista político, que en el período electoral violenta la norma penal, debe recibir el mismo tratamiento que reciben los demás infractores a la ley penal.

El estado de derechos no admite períodos de excepción, ni autores exentos. La sociedad demanda que el Ministerio Público asuma su responsabilidad y haga un trabajo serio y responsable para poner al servicio de la justicia a los responsables por dichos crímenes.

Nuestro país no puede permitir que bajo el manto de un proceso político electoral se cobijen criminales comunes. Si no actuamos a tiempo y atacamos la impunidad electoral, nuestra democracia sufrirá las consecuencias, ya que corremos el riesgo que los antisociales asuman nuestros procesos de elecciones como períodos de gracia en la aplicación de la ley y al amparo del cual pueden cometer cualquier tipo de tropelía.