MËXICO. AFP. La fría madrugada de este lunes se convirtió en el séptimo día consecutivo de huelga de hambre y plantón en plena calle para un grupo de mujeres que luchan contra la impunidad en México, donde sus familiares fueron secuestrados o asesinados hace meses o años, y no han obtenido justicia. 

 «Yo entregué (a las autoridades) todas las investigaciones que por mi cuenta hice, acabé con todo mi patrimonio pagando investigadores y haciendo trámites que le correspondían al gobierno», aseguró a la AFP Margarita López, instalada en una carpa de plástico frente a la Secretaría de Gobierno (Interior) de México.  

«Es lamentable que aún cuando les entregamos todas las investigaciones y les decimos por dónde deben de ir para encontrar a nuestros hijos, no muevan un solo dedo», añadió la mujer de 43 años, muy debilitada por el ayuno y cuya hija fue secuestrada por un comando de hombres armados en abril de 2011, en Oaxaca (sur).  

Julia Alonso y Malú García también realizan huelga de hambre, pese a que el viernes las recibió el secretario del Interior, Alejandro Poiré, lleno de «buenas intenciones pero sin fecha para dar solución» a sus casos.  

«Desgraciadamente tememos que pase lo que ocurrió cuando recurrimos a (la Fiscal General) Maricela Morales: sus subalternos no cumplieron con las indicaciones que ella les dio.

Las ordenes que está dando Poiré, ella las dio hace un año y no se cumplieron», dijo López,   El plantón se mantendrá indefinidamente, «hasta que den solución a cada uno de nuestros casos», aseguró Alicia Trejo, una de las decenas de madres cuyos hijos están desaparecidos y que llegaron de todo el país para estar junto a las tres que hacen ayuno.  

Entre ellas, el ambiente es solidario: lloran, se toman de la mano, comparten el silencio. Comparten el dolor.   Su calvario es el mismo: meses, años y hasta decenios de ir de una institución a otra -municipales, estatales, federales y hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, haciendo trámites estériles, pagando a informantes, arriesgando sus vidas mientras investigan a redes criminales.  

No es la primera vez que estas mujeres alzan un grito de ayuda. Las manifestaciones han sido muchas, incluso el presidente Felipe Calderón las recibió en el Castillo de Chapultepec hace ya más de un año, pero «no ha resuelto ni uno sólo de los casos que se le expusieron», denunció López.  

Desesperadas, recurrieron hace una semana al extremo del ayuno porque temen que el cambio de gobierno -el presidente electo Enrique Peña Nieto asume el 1 de diciembre- signifique el «carpetazo» de sus casos, aún impunes.  

Como «ya van de salida los que están gobernando ahorita, no han hecho nada, ya no les interesa», se lamentó Araceli Golzáles, atormentada por los mensajes anónimos que recibió tres días después del secuestro de su hija de 13 años, en los que le decían que «llora mucho, porque la violan a diario».  

En la Secretaría de Gobernación «nos han dicho que nos esperemos a la primera semana de febrero, cuando regresen de sus vacaciones. ¿Tú crees que nuestros hijos van a esperar?», se indignó Trejo.   Eutanacio Rodríguez, de 52 años, es el único padre entre las madres que buscan a sus hijos. El suyo, Alejandro, desapareció en julio de 2010, en San Luis Potosí (norte).

«Dejé trabajo y familia» en Hidalgo (centro) para poder hacer los trámites en la capital, «mi pareja ya me dejó, se cansó», dijo.   López, cuya hija habría sido torturada, violada y decapitada viva según sus propias investigaciones, pide que las autoridades se sensibilicen.  

«Ojalá que nunca estén en nuestros zapatos, como recientemente se dio el caso del señor (Humberto) Moreira», exgobernador de Coahuila (norte), cuyo hijo José Eduardo fue ejecutado el 3 de octubre a manos del cártel Los Zetas.  

«Todos estamos expuestos a la delincuencia. A esta guerra absurda que emprendió el presidente de la República (…) y que ya está alcanzando todas las esferas de nuestro país», concluyó.