EDUARDO JORGE PRATS
Los dominicanos vivimos en una situación de inseguridad jurídica estructural. Nadie, pobre o rico, individuo o empresa, ciudadano o extranjero, habitante rural o residente urbano, hombre o mujer, niño o adulto, se siente seguro en sus derechos. Ello no se debe a una ausencia de democracia: desde 1978 celebramos elecciones, más o menos transparentes, y la situación es igual o peor a la de épocas autoritarias. La inseguridad que nos caracteriza como nación y sociedad se debe a una razón fundamental: la ausencia de un verdadero Estado de Derecho.

¿Por qué los dominicanos vivimos, mal que bien, en democracia y no tenemos verdadero Estado de Derecho? La razón es muy sencilla: todos estamos sometidos a la ley y el Derecho, salvo el Estado. ¿Por qué el Estado no está sometido al ordenamiento jurídico? La explicación es también sencilla: el Estado no actúa conforme a procedimientos legales preestablecidos y cuando comete una arbitrariedad no existe un verdadero control de los tribunales de dicha actuación.

Se podría afirmar entonces que no solo el Estado es inmune a la jurisdicción si no que, en realidad, existe una impunidad estructural del Estado. Este se conduce como un macro poder salvaje, un Leviatán que un día se comporta como un ogro filantrópico y mañana como un lobo artificial. Por eso los vendedores ambulantes son desalojados de modo arbitrario de las calles, privándoles de su sustento y de su derecho a la libre empresa; las empresas pagan un impuesto ilegal que más que recargo es un verdadero descaro cambiario; los propietarios son expropiados sin justa ni previa indemnización; y a los concesionarios del Estado se les despoja de sus derechos adquiridos.

Esta inseguridad jurídica, que queda impune por la ausencia de un verdadero régimen de Derecho Administrativo que domestique al Estado, espanta a la inversión nacional y extranjera, con lo que ello implica para nuestro desarrollo, para nuestra estabilidad macroeconómica y para la mejora de los índices sociales por falta de un crecimiento en la oferta de empleo. De ahí que la inversión extranjera tenga que diseñar sofisticadas cláusulas contractuales para prevenir los riesgos asociados a la inseguridad jurídica estructural, lo que no se necesita en Costa Rica o en Chile, por solo citar dos ejemplos. Invertir en República Dominicana es, por tanto, más riesgoso y, por tanto, más costoso.

Por todo lo anterior es impostergable emprender la elaboración y aprobación de una ley de procedimiento administrativo y de control por los tribunales de la actuación del Estado como lo han hecho otros países tan subdesarrollados como el nuestro pero que, con esa simple iniciativa, han mandado una señal a los mercados internacionales que hoy valoran cada día más la clasificación de los riesgos asociados al entorno normativo e institucional. Eso permitirá que ciudadanos y empresas, al interior de la Administración o en sede judicial, vean sus derechos protegidos frente a la arbitrariedad estatal mediante la formalización de los procedimientos administrativos.

Una reforma legal y administrativa como la que proponemos constituye un verdadero cambio de paradigmas y un giro copernicano en las relaciones del Estado con los ciudadanos. Porque se trata de abandonar la cultura de impunidad estatal que nos caracteriza, de violar hoy el derecho porque se sabe que mañana ningún tribunal tendrá el valor o el procedimiento para sancionar esa arbitrariedad. Se trata también de abandonar la tesis de que al Poder Ejecutivo no lo puede controlar el Poder Judicial. Hoy se sabe y reconoce que ninguna arbitrariedad estatal es un acto político no justiciable.

La lucha contra la impunidad administrativa es la lucha contra la inseguridad jurídica. La fortaleza de la democracia española se debe precisamente a que se emprendió esa lucha mucho antes que la de la ampliación de los espacios de libertades públicas. Esa lucha implica un nuevo Derecho, un nuevo abogado, un nuevo juez, un nuevo administrador de la cosa pública, un nuevo legislador, una nueva cultura jurídico-institucional, un nuevo empresario, una nueva concepción de las relaciones Estado-sociedad, en fin, un nuevo Estado. Si no asumimos esa lucha, la nación dominicana no podrá insertarse efectivamente en un mundo globalizado ni asumir los retos que implica el desarrollo sostenido y sostenible del país.