Impunidad, ley de declaración jurada y casos de corrupción

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La impunidad en la República Dominicana, definida como la constante y sistemática falta de castigo por el incumplimiento de las leyes, debido a la no existencia de un régimen de consecuencias, es un hecho real y tangible. Basta ver los resultados obtenidos con tan solo una de las miles de leyes que supuestamente nos gobiernan. Me refiero a la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio 311-14.
Según la última actualización proporcionada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el pasado 30 de enero del 2017 sólo el 5%, es decir 56 de 5,159 servidores públicos, han entregado a tiempo dicha declaración. Entre los cumplidores, un buen por ciento de quienes la aprobaron, como es el caso de un 53% de los diputados. De modo que no es solamente cuestión de apartados funcionarios munícipes que alegadamente quizás hasta desconozcan que deben declarar, -al margen de aquello que la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento.
Vivimos rodeados de leyes, para que otros la cumplan, pues, “algunos” se creen por encima de las leyes y “nadie” regula su cumplimiento.
En resumidas cuentas, los que hacen las leyes son los que principalmente las incumplen. Y a pocos les interesa acogerse al Artículo 146 de la Constitución, numeral 3, donde indica el carácter de obligatoriedad de dicha ley y que es menester de los servidores públicos comprobar y mostrar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado en sus funciones o a requerimiento de una autoridad competente.
En juego está si hay autoridades competentes y para qué.
La primera autoridad competente en este caso es el Poder Ejecutivo que contribuyó significativamente en forma negativa en la aplicación de la ley, al otorgar en noviembre del 2016 plazos no establecidos bajo ningún fundamento y, lo que es peor, al día de hoy no ha destituido a ningún funcionario al considerarse este incumplimiento como una falta grave o de tercer grado.
Las otras autoridades competentes: la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y la Tesorería Nacional no han dado a conocer sus acciones de investigación y de instrumentaciones de expedientes, y lo más llamativo es que hasta el momento sólo se ha retenido por parte de la Tesorería Nacional cinco salarios a igual número de funcionarios o ex funcionarios.
Sabemos que existe un efecto en cascada, el que está en mala quiere estar como el que está en buena, el que está abajo quiere ser como el de arriba; fenómeno reconocido en mercadeo y que podemos denominar como el efecto de las aspiraciones. Si eso es correcto, el efecto que estamos transmitiendo a toda una nación es devastador. Estamos, por no decir “nos están” inyectando el virus mismo de la impunidad hasta el último rincón de nuestro país, hacia generaciones venideras. Imperan sin rubor la inversión de valores, la falta de moral y de ética, generando un alocado caos carnavalesco.
La sociedad dominicana se encuentra abatida. Se habla de tantas muertes cruentas en los noticieros como de casos de sobornos y sobrevaluaciones de empresas, como si todo y todos fuéramos Odebrecht.
Pero eso no es así. No todos ni todo es, ni puede seguir siendo como esa perversa relación Público-Privado que hay que perseguir en y a partir de Odebrecht.
En ese contexto, hay que acabar con la impunidad desde todos los frentes. Uno de estos es la Declaración Jurada de Patrimonio. Hay que declarar, sin excepciones. Hay que recibir solamente declaraciones completas, incluyendo constancia de pago de impuestos y sin ocultamientos. Hay que verificar, aun cuando solo sea aleatoriamente por el crecido número de funcionarios obligados a declarar.
Así, propongo empezar a tomar en serio y aplicar con el rigor que ameritan todas las leyes, en particular la Ley 311-14. Fiscalicemos las pocas declaraciones de patrimonio que han sido entregadas. Comencemos con los funcionarios que manejan más recursos públicos, que, dicho sea de paso, son los más propensos a ser sobornados por su influencia y poder. Generemos el efecto cascada, pero revirtiéndolo como positivo: que los pequeños que no han entregado vean a grandes tambalearse de ser necesario y recibir el peso de la ley.

El autor es presidente del Centro Juan XXIII.