¿Impunidad para los jueces?

¿Impunidad para los jueces?

«…Defender una inmoralidad es otra inmoralidad, y que hacerlo por espíritu gremial, es corrupción…» (La Prensa Gráfica. La impunidad judicial. 19 marzo 2001, Centro de Estudios Jurídicos).

A mediados de febrero, el doctor Salvador Jorge Blanco publicó un estudio en el periódico El Nacional sobre la impunidad de los jueces, en el cual califica de absurda la disposición del artículo 183 del Código Penal que incrimina la prevaricación «del juez que por caso de amistad u odio, en pro o en contra decide asuntos (el Código dice: los negocios) que se someten a su decisión». Dicho estudio cierra sentenciando que «se trastornaría todo el aparato judicial» si la impunidad de los jueces no fuera la regla general.

Es decir, el doctor Salvador Jorge Blanco, desde su triple posición de ex presidente de la República, político activo del partido en el poder y abogado en ejercicio, hizo doctrina en el sentido de que la ley no se debe aplicar a los jueces, por lo menos no ésa ley; prácticamente decide que se debe ignorar la inmoralidad cuando proviene del sector judicial. El doctor Jorge Blanco, desde su muy influyente despacho resolvió que los jueces, refiriéndose supongo a los actuales jueces cuya instalación y permanencia han sido garantizadas por la diligencia, el celo y la laboriosidad suyos y de sectores acoplados, no deberán ser sancionados cuando cedan a las influencias externas e internas, políticas y económicas, ni cuando produzcan decisiones judiciales mediatizadas por motivos de compromisos, familiaridad, interés, afecto o aversión.

No me extraña, naturalmente, que el doctor Jorge Blanco, líder de una bancada jurídica elitista, dictamine así. No me extraña que, específicamente para «estos» jueces, aconseje la declaración de privilegios que el resto de los ciudadanos consideramos inconstitucionales y forzosamente inadmisibles. No me extraña que su pequeño, pero ambicioso círculo quiera que «estos jueces» ejerzan sus funciones libres de toda crítica por los errores e ilegalidades que cometen, libres de toda amenaza de control disciplinario, juicio o supervisión; que quiera jueces que no tengan que rendir cuenta de sus actos, jueces que sean ajenos al reproche social y la crítica mediática, jueces en cuya designación no intervenga la voluntad popular. No me extraña que quiera específicamente «estos» jueces poderosos, eternos y, además, impunes.

Los ciudadanos comunes, por el contrario, no queremos la inaplicación o aplicación incorrecta de la ley por parte de nuestros jueces; no queremos jueces sujetos a la voluntad del superior judicial que los nombró ni que tal superioridad pueda lograr de ellos, licenciosamente, autos y sentencias conformes con sus intereses personales o sectoriales. No queremos jueces que fallen según su conveniencia personal y no de acuerdo a la ley; ni jueces que alteren imprudente o maliciosamente el orden o la velocidad de los procesos y las decisiones; tampoco jueces que ignoren el sagrado principio de la igualdad de las partes litigantes. No queremos jueces cuyas sentencias evidencien su ideología política o su inclinación partidaria personal; ni jueces demasiado diestros en encontrar un resquicio legal para «convenientemente» adaptar la ley según la prestancia de los postulantes en cada caso; ni jueces mitómanos, ineptos, desequilibrados, detentadores de comportamientos judiciales y sociales deformes, selectivamente lentos, o con criterios viciados por sus miedos, sus filias, sus fobias, sus celos, su pereza, su negligencia, su prepotencia o su megalomanía. Mucho menos jueces incapaces de ser responsables de sus actos.

En fin, no queremos inseguridad jurídica; no queremos impunidad ni para funcionarios o ex funcionarios, ni para políticos, ni para altas instancias económicas, pero mucho menos para nuestros jueces. No, doctor Jorge Blanco, lamentablemente nos hemos resignado ya a no pretender jueces heroicos, pero no renunciaremos nunca a rechazar jueces impunemente prevaricadores.

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