Desde la victoria electoral de Luis Abinader como presidente electo de la República, los gritos y alientos de justicia no han dejado de manifestarse; desde los ciudadanos comunes en las esquinas, pasando por los salones de belleza, colmadones y hasta en las peñas de los intelectuales, las expresiones de esperanzas de que sometan a los corruptos, que vayan a la cárcel y que se les incauten el dinero robado al Estado, no dejan de ser temas centrales… pero ¿Podrá realmente el nuevo gobierno instrumentar expedientes penales que logren las condenas deseadas?

La mayor dificultad en este tema es que solo los penalistas conocemos lo difícil que es instrumentar un caso que sea completamente irrefutable, especialmente cuando todos los mecanismos de fiscalización han trabajado en contubernio para hacer los procesos legalmente aceptables y ahí, cumpliendo con la ley, al mismo tiempo, benefician con millones de pesos a vinculados para repartirse el sobrecosto que el Estado ha pagado, sin que puedan ser acusados.

El sistema de la administración pública está compuesto por una serie de normativas que establecen procedimientos para validar la pulcritud y el sano uso de los fondos públicos; sin embargo, la falta de valores éticos de las personas que operan dichos controles distorsionan su rol y terminan siendo legalizadores de las operaciones que desfalcan al Estado y protegiéndolos de futuras acusaciones.

Ciertamente no son suficientes los avances legislativos por la transparencia y el manejo de las contrataciones públicas; ni el uso de comités de compras, ni el uso de la cuenta única, ni los auditores de contraloría, ni ningún otro mecanismo normativo hasta que no comprendamos que es necesario invertir en el ser humano, en el reconocimiento de los valores éticos, premiar el compromiso moral de proteger los bienes del Estado y la exaltación de aquellos fiscalizadores que cumplen hasta con el espíritu de la ley.

Para atacar a este tipo de corrupción es necesario un equipo de hombres y mujeres en los distintos órganos de fiscalización y control que estén comprometidos con romper las viejas prácticas, evitar los acuerdos de aposentos, enfrentar el compañerismo, detener el arreglo de expedientes y eliminar los remiendos para imponer soluciones definitivas, respetar la ley y sus principios, permitiendo que el factor humano incline la balanza a la justicia social y el deber ser.