¡Oigan la bulla! Estoy seguro de que los beneficiarios  de los US$92 millones que Odebrecht dice haber pagado como soborno a funcionarios  dominicanos, una lista necesariamente larga pues abarca tres gobiernos distintos entre el 2001 y el 2004, deben estar celebrando en grande el triunfo de la impunidad. Y aunque, a decir verdad, pocas esperanzas hay de que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, pueda llegar a establecer la identidad de los agraciados, las declaraciones del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en las que revela que la Fiscalía de Nueva York no dará a conocer el nombre del intermediario ni de las demás personas involucradas porque ya cerró ese caso, han caído como un balde  de agua fría sobre la opinión pública.  Flavio Darío Espinal,  con bien ganada fama de ser uno de los funcionarios mudos del Palacio Nacional, opina que para que en el país se investigue se requiere de mas informaciones, “y esas informaciones podrían  venir de la misma empresa que diga yo se lo di a fulano de tal y por ahí podría empezar la investigación”. Pero eso no ocurrió, según el funcionario, quien explicó que el acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía de Nueva York lo que dice es que se dio ese soborno  pero no  a quien. ¿Muy conveniente, verdad? De todas maneras, y para que no se diga que   le quiere  bajar línea  al Procurador  o  condicionar los resultados de sus pesquisas, el doctor  Espinal   pidió esperar las acciones que este emprenderá, aunque insistió en que a partir del contenido del  acuerdo “no se sabe por donde empezar a investigar. ¿Se va a hacer una cacería de brujas?”  ¡Imposible! Esos excesos están descartados en un  país donde existe lo que   la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, llama “jurisprudencia de la corrupción”, que unida a un Ministerio Público maniatado por su dependencia del Poder Ejecutivo  garantizan que los corruptos podrán continuar su zafra sin consecuencias. ¡Oigan la bulla!