La impúdica exposición de las pruebas del delito de espionaje telefónico de indudable intencionalidad política y con abierto apoyo de las autoridades nacionales, constituye un grave escándalo que sacudiría a cualquier nación siquiera de mediana intensidad democrática y obligaría a inmediatas reparaciones.

Pero como un escándalo sepulta  al anterior, las exposiciones de intercepciones telefónicas han logrado parcialmente el objetivo de desplazar del primer plano la transnacionalización de la corrupción nacional sintetizada en la banca de financiamiento  del senador y secretario de organización del partido oficialista, Félix Bautista.

Las pruebas del delito.  Hace décadas que los dominicanos han aceptado sin rubor la práctica del espionaje telefónico, que se inició en las dictaduras de Trujillo y Balaguer con clara intencionalidad política para luego extenderse a la competencia empresarial y luego a las relaciones íntimas de las personas para chantajearlas. Aparte de los “organismos de seguridad del Estado” han surgido varias prósperas empresas de espionaje y en ocasiones bancos han tenido sus propios “expertos” en la materia, hasta por razones de contraespionaje. De poco han servido los esporádicos escándalos, ya que una de las primeras visitas de los presidentes recién electos es la que se realiza al gran capo del espionaje telefónico que toda la sociedad reconoce.

Empresarios y líderes políticos y sociales de todos los sectores lo señalan por lo bajo, porque prefieren no atraerse sus miradas y escuchas.

Lo que nunca había ocurrido es que se realizaran dos ruedas de prensa de  indudable manufactura política donde se formularan acusaciones sin más fundamento que la grabación de conversaciones privadas que en sí mismas no pasan la más elemental prueba de un juez de instrucción.

La primera de ellas celebrada en el Palacio Nacional el 12 de abril, ante la presencia, entre otros, del procurador general de la República y su par haitiano y del ministro de Relaciones Exteriores dominicano.

Una semana después son cuatro diputados que también entregan copias de la grabación de otra conversación telefónica entre dos dirigentes de su propio partido, pretendiendo que sea aceptada como una prueba de que se trama el asesinato nada menos que del presidente del principal partido de oposición, aunque abiertamente opuesto a su candidato presidencial en clara expresión de la miseria institucional del sistema partidista dominicano.

En ambas “ruedas de prensa” no se permitieron preguntas de los reporteros convocados, obviamente para no tener que explicar el origen de la grabación.

Atropellos de campaña.  Ni la conversación grabada al excoronel Pepe Goico, uno de los encargados de la seguridad del candidato presidencial Hipólito Mejía, con un empresario haitiano, ni la del dirigente político Guido Gómez Mazara con un colega regional, demuestran en sí mismas la existencia de una trama, sino que más bien son expresiones comunes en conversaciones privadas.

No sería igual pronunciadas en la radio o la televisión, o en una tribuna pública. Por eso nadie, ni los ejecutivos judiciales las han tomado en serio en los dos países.

La imputación a Goico de tramar para desestabilizar el Gobierno de Haití contiene mayores dosis de irresponsabilidad por provenir de altas autoridades de los dos países, coaligadas en un interés común de aplacar un escándalo de corrupción que concierne a ambos gobiernos y sobre el cual ninguno muestra el menor interés en aclarar, pero que ha producido sacudimientos en la vecina nación, incluyendo la renuncia de su primer ministro.

La situación es tan delicada que el embajador dominicano en Haití, el reputado sociólogo Rubén Silié, llamó la atención de que se puedan destruir en la campaña electoral los esfuerzos de los últimos años por  mejorar las relaciones bilaterales, y de paso se desligó de la rueda de prensa donde se denunció la supuesta trama, indicando que él allí solo tuvo una “presencia circunstancial”.

Confesar que los “organismos de seguridad del Estado” graban las conversaciones de un encargado de seguridad del principal candidato opositor en medio de una campaña electoral constituye un escándalo político impropio de una democracia.

Eso no se hace pero menos se confiesa en la propia sede del Gobierno en ningún régimen de derechos y en presencia del Procurador General, quien está en el deber de perseguir todo género de delitos. En el caso de los cuatro diputados no se reveló la autoría de la intercepción telefónica, lo que podría implicarlos directamente en la ejecución del delito.

Claro objetivo político.  Ni aquí ni en Haití ha aparecido alguien que le confiera seriedad a la denuncia de trama contra el presidente haitiano, Michel Martelly,  y los medios informativos coinciden en señalarla como un intento por desplazar del debate público la denuncia documentada de que el mandatario recibió financiamiento por más de dos millones y medio de dólares de parte del senador Félix Bautista, hombre de confianza del presidente Leonel Fernández y secretario de organización de su partido.

En vez de una denuncia sin fundamento, ambos gobiernos pudieron liquidar el escándalo presentando los correspondientes certificados bancarios de que las cuentas identificadas por la periodista Nuria Piera no existen o fueron adulteradas. Martelly o Bautista pudieron haber conseguido esa certificación en cuestión de horas, pero han dejado pasar tres semanas sin hacerlo. Un periodista progubernamental implicado en la recepción de dinero de Bautista justificó sus pagos, con lo que avaló la fuente.

Mientras tanto, las denuncias han repercutido en los medios periodísticos no solo de República Dominicana y Haití, sino también de Estados Unidos y Francia, incluyendo a algunos tan influyentes como Le Monde de París y la revista norteamericana Time.

La denuncia del financiamiento a Martelly en su campaña electoral y después de ser electo presidente, tomó mayor dimensión por haber sido precedida del escándalo derivado del otorgamiento en Haití de contratos por unos 385 millones de dólares a empresas de Bautista y relacionados, cuya investigación derivó en la dimisión del primer ministro haitiano Garry Conille.

Los comentarios de prensa dudan que la denuncia de la supuesta trama contra el Presidente haitiano vaya siquiera a ser investigada.

Quedará como la indagatoria del jaqueo, que conllevó aparatosos allanamientos al periodista Guillermo Gómez y su periódico digital El Siglo 21 hace dos meses y 12 días, con tropas militares y helicópteros.

Pero por de pronto ha tendido una cortina de humo sobre la banca de financiamiento político del senador Bautista, cuyas operaciones se han extendido hasta el lejano Perú, donde ayudó a la campaña de Alejandro Toledo con un millón 200 mil dólares.

El Gobierno realizó una infeliz denuncia, pero logró éxito al poner en segundo plano las denuncias de corrupción transnacional que han sacudido la campaña electoral, mientras creaba un ambiente de confusión e intimidación con la esperanza de que Nuria Piera no siga sacando prendas del banco de información que le proporcionaron.

La preocupación no era solo por lo denunciado, sino por lo que aún falta sobre las operaciones nacionales e internacionales del banco de Bautista y sus beneficiarios, ya que ella dijo que lo revelado era apenas el 10 por ciento de lo que había recibido.        

Inconstitucional e ilegal

Aunque en el país hace tiempo que la Constitución como las leyes son letra muerta, hay que recordar que la flamante Carta Magna de 2010 en su artículo 44 es abundante en la protección del derecho a la intimidad y que su numeral 3 indica que “Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad  competente de conformidad con la ley”. El numeral 4 precisa que las informaciones y datos que recaben las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito “solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley”.

En el caso de Goico ni siquiera se le ha interrogado, antes o después de la rueda de prensa, y menos se le ha iniciado un proceso judicial y nadie cree que ocurra porque la intercepción carece de fundamento. Luego se ha dicho que fue autorizada por un juez, sin identificarlo. Pero es que ningún juez puede autorizar la intervención telefónica de un ciudadano, menos de un actor político importante y en medio de una campaña electoral, sin que se lo justifiquen como parte de una investigación bajo previa presunción de delito, al objeto de recabar evidencias, como lo establece la ley 24-97.

Es también ridículo que el Procurador General haya encargado, con posterioridad a la denuncia, a la fiscal del Distrito Nacional indagar una supuesta trama telefónica de carácter transnacional, que rebasa con mucho su jurisdicción, lo que demandaba un encargo especial de su propio departamento, por ejemplo uno de sus mismos ayudantes. La lista e inteligente Yenny Berenice Reynoso no tardó en advertir que ella no actúa por razones políticas.