Durante los 19 años transcurridos desde la desaparición del periodista Narcizo González hasta la fecha, la impunidad y el desacato han andado de la mano en un bochornoso contubernio que compromete la responsabilidad del Estado. Desde el 26 de mayo de 1994,  cuando la seguridad del Estado secuestró a Narcisazo, cada paso ha estado dirigido a encubrir culpables y destruir evidencias que comprometían al régimen del entonces Presidente Joaquín Balaguer. El Estado cambió su papel de protector de las libertades y vidas de sus súbditos por el de  cómplice en un horrendo crimen político contra un individuo que se atrevió a ejercer su derecho a disentir con valentía.

Pero la conducta del oficialismo ha ido de mal en peor, pues además de hacerse  cómplice del crimen,  ha defendido tácitamente esa condición al desacatar la condena que en su contra emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tras  juzgar el caso Narcisazo. Las autoridades que sucedieron a Balaguer perdieron de vista la continuidad del Estado y han prolongado hasta nuestros días un vínculo criminoso que debieron romper en la primera oportunidad, mediante una investigación seria que diera con los responsables de este bochornoso suceso. Al actuar de ese modo, el crimen contra Narcisazo no solo es obra de Balaguer y su gente, sino que arrastra responsabilidades compartidas. ¿Hasta cuándo, por Dios?

Permisividad

Los accidentes de tránsito son los principales causantes de muerte y lesiones permanentes en este país, pero los planificadores del Estado no parecen enterados de esa realidad. Y parecen pasar por alto que el caos, y no otra cosa, es el principal precursor de estos accidentes mortales. La gente maneja como le parece, viola todas las reglas que quiere y no hay autoridad que enfrente con seriedad la situación.

La violación de los límites de velocidad, de la luz roja de los semáforos, del sentido de las vías, de las  disposiciones sobre estacionamiento, la prohibición de hablar por celular mientras se conduce y otras maneras de quebrantar la ley se cometen en las narices de las autoridades, y nadie hace nada. Luego AMET exhibe como un logro que aplicó tantas multas y retuvo tantos o cuantos vehículos. Alguien tiene que ponerle fin al desorden mayúsculo que existe en el tránsito terrestre que es además, por cierto, uno de los factores que encarecen los costos del servicio de transporte.