Es alarmante, indignante y vergonzoso, observar que siendo la República Dominicana un país con tanta pobreza, con tantas necesidades prioritarias, que en todos los Gobiernos se utilicen ciertos subterfugios de corrupción para continuar malversando, distrayendo y desviando miles de millones de pesos, que son de todos los dominicanos, a través de las construcciones y pagos de obras sobrevaluadas, no planificadas, ni concluidas; actos de colusión en las compras de bienes y servicios para favorecer a allegados al partido de Gobierno, entre otras, como si esto fuera una acción normal, sin que nada ocurra ni se aplique un régimen de consecuencia a los responsables.

Esta indiferencia e insensibilidad de los mandatarios de turno constituye un acto de permisividad e impunidad que raya en lo absurdo. Lo peor de todo es que a escasos meses de un certamen electoral, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República por los diferentes partidos, se haya pronunciado sobre este tema tan crucial para la nación.

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Este es un país en vía de desarrollo, con una gran deuda social acumulada, con graves problemas básicos por resolver como salud, agua potable, electricidad, educación, empleos, seguridad social y ciudadana, medio ambiente, viviendas, etc. con una deuda externa que sobrepasa el 60% de su Producto Interno Bruto (PIB), ascendente a más de US$60 mil millones, la cual va creciendo, fruto de la voracidad de esta administración para tomar préstamos.

Tanto en las pasadas administraciones como en la actual se continúan tirando por la borda los recursos públicos sin ningún pudor, sin que se apliquen las acciones penales correspondientes. Sobre lo anteriormente señalado podemos citar el siguiente caso: en la sección La Penda, La Vega, se construyó un peaje hace varios años, sin planificación, ascendente a más de trescientos millones de pesos. El mismo causó varios accidentes de tránsito, con un saldo de varias muertes; al final hubo que demolerlo. No hubo ningún tipo de sanción. Otros ejemplos de que seguimos siendo más de lo mismo, lo constituye la compra realizada por el Ministerio de Educación de la presente gestión de grandes cantidades de libros, zapatos, mochilas, uniformes, computadoras y tabletas por más de tres mil millones de pesos, los cuales no se utilizaron y se echaron a perder, lo que constituye una total aberración. Tampoco se aplicó una responsabilidad penal. Ahora tenemos el escándalo de los semáforos del INTRANT, por más de 1,317 millones de pesos. Todo parece indicar que también correrá la misma suerte.

A todo esto tenemos que añadirle el fraude colosal sin precedente, el escándalo de corrupción más grande ocurrido en la historia del país, que aunque es del sector privado, sacudió y generó una gran inestabilidad al sistema financiero dominicano, y que hoy, a más de 15 años de ocurrido, lo estamos pagando con creces todos los dominicanos: la quiebra del BANINTER, por un monto superior a RD$75 mil millones.