El imputado por el caso de la quiebra del Banco Peravia Pausides Donato Morales declarará su culpabilidad durante la siguiente audiencia del juicio de fondo que se sigue por dicho caso, según el abogado Danilo Lapaix, quien representa a doce víctimas de los fraudes cometidos por los ejecutivos de la entidad bancaria.
Al respecto, Lapaix consideró posible que Donato Morales haya hecho un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, encabezada por la procuradora fiscal Yeni Berenice Reynoso.
Donato Morales es el único encartado que permanece en prisión preventiva, debido a que no ha solicitado la variación de la medida de coerción.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Gisselle Méndez, ayer reenvió para el próximo martes 11 de este mes la audiencia de fondo que conoce el caso del fraude del Banco Peravia.
Los testigos. El tribunal tomó la decisión luego de escuchar los relatos de seis testigos propuestos por la Fiscalía en los que se detalló la manera en que alegadamente sucedían las operaciones fraudulentas y la participación que tuvo cada uno de los involucrados.
Por este caso están siendo procesados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y Luis Manuel Peña Melo.
También Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, el excoronel Jesús Acosta Florentino, Nelson Cabral Veras y Lorenzo Laviosa López.
El octavo piso. La testigo Jenny García, quien fungió como asistente personal de los ejecutivos José Luis Santoro Castellano, presidente, y Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente, cuando el banco aún operaba, afirmó que a los despachos de estos últimos, ubicados en el octavo piso de la sede de la institución, solían acudir mujeres de buen aspecto por supuestas “reclamaciones de servicios prestados”.
Cierre del banco. El 21 de noviembre del 2014, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Fiscalía del Distrito Nacional intervinieron las oficinas del Banco Peravia, localizadas en la avenida Winston Churchill, después de que las autoridades monetarias descubrieran el fraude por más de RD$1,400 millones cometidos por los ejecutivos de la entidad bancaria en perjuicio de los ahorrantes y el Estado dominicano.