Los abogados de Juan Tomás Richiez Ditrén, acusado de lavado de activos, responsabilizan a la Fiscalía de La Romana de mantenerlo preso por nueve meses sin que se le haya impuesto medidas de coerción.
Los defensores Salvador Catrain y Francisco Manzano aseguran que la fiscal titular de esa demarcación, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, está empecinada en en que no se conozca la audiencia de medida cautelar al encartado, quien esta detenido desde el 11 de agosto del 2018.
“Nosotros pedimos a los tribunales de la jurisdicción de La Romana y a esa magistrada que actúa por encima de la ley, que se le conozca la medida de coerción a este imputado y que el caso avance”, puntualizó Catrain.
Recusación a jueza. El representante legal narró que el pasado 3 de este mes la referida fiscal recusó a la jueza de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Denia Beras de Mota, luego de que esta desglosara el expediente de Richiez Ditrén para conocerle medidas de coerción ese mismo día.
Según la defensa, dicha recusación responde a la intención de la fiscal Rodríguez de mantener el caso en un “limbo” jurídico.
Traslado forzoso. Catrain agregó que al día siguiente la fiscal, junto a un contingente policial y sin orden judicial, sacó al imputado de la cárcel preventiva de La Romana y lo trasladó al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en La Altagracia.
“Está constitucionalmente prohibido trasladar a un reo de un centro penitenciario a cualquier otro lugar sin el consentimiento de una decisión judicial escrita y motivada”, enfatizó.
De su parte, el abogado Manzano externó que en ese caso “las medidas coercitivas, más que una medida restrictiva de libertad, la estamos casi rogando como un derecho”.
Añadió que la ausencia de estas medidas han impedido que el juez de la instrucción ordene investigaciones más profundas.