Aquiles Christopher, uno de los encartados que guarda prisión preventiva por el caso de corrupción que destapó la operación Antipulpo, solicitó por tercera vez al Ministerio Público que pondere nueva vez las pruebas y circunstancias a descargo y que lo interroguen para aclarar su situación.

El imputado, quien fue director de Fiscalización de Obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) durante la gestión del coimputado Francisco Pagán, hizo la solicitud a través de sus abogados, los cuales acudieron ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) para explicar que en realidad era un empleado de cuarta categoría que “no autorizaba pagos ni hacía presupuestos ni listas de equipos médicos”.

El abogado Juan José Eusebio, acompañado de familiares del acusado, explicó que la fiscalización que dirigía Christopher se realizaba “después de todo el proceso y no era necesaria para realizar pagos o cubicaciones, sino que era una especie de control interno para la dirección de esta entidad en algunos casos”.

La defensa técnica de Aquiles Christopher enumeró entre los supuestos errores cometidos en su perjuicio la desnaturalización de sus funciones y capacidad dentro de la Oisoe.
Añadieron que el día de su arresto no le fue notificada el acta de allanamiento ni a él ni a su hija, como estipula la ley, y que se violaron las 48 horas para presentarlo ante un juez, ya que esto ocurrió nueve días más tarde.

Alegaron que el encartado casi tiene 75 años, padece de condiciones crónicas y ha sufrido dos infartos, para cuyo caso la ley prevé medidas distintas a la prisión preventiva.