Luego de nueve horas de debates con un intervalo de 90 minutos para almorzar, el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, difirió para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana, su decisión sobre la oposición que hicieron cinco de los siete encartados en el caso Odebrecht, a su Resolución 012 del 9 de octubre del año en curso.
Mediante esa resolución el magistrado Ortega, rechazó las excepciones de incompetencia propuestas por los acusados Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Jesús (Chu) Vásquez; y una excepción de constitucionalidad propuesta por Díaz Rúa. Otros incidentes los acumuló para fallarlos conjuntamente con el fondo de la audiencia preliminar, de conformidad con lo que establecen los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal.
Carlos Salcedo, vocero de la defensa de Bautista, solicitó al juez revocar la resolución de marras, por contener elementos contradictorios y un fundamento errado, basado principalmente en 13 decisiones jurisprudenciales que no son vinculantes con este caso.
Se trata de casos en los que los imputados eran legisladores: Wilton Guerrero, Juan Heriberto Medrano, Fulgencio Espinal (ambos fallecidos); Radhamés, Jesús Féliz y otros.
Agregó que el juez además falló de manera conjunta la excepción de incompetencia y el sobreseimiento, lo que constituye una violación al principio de Incongruencia Judicial, ya que ambas no son excluyentes.
Resaltó que Ortega tampoco dejó ver la conexidad entre Bautista y el senador Tommy Galán, con los sobornos.
Pidió al juez proceder en derecho y revocar la referida resolución, por contener vicios, omisiones, elementos contradictorios y fundamentos errados, entre otros.
A su oposición se adhirieron los imputados Pittaluga, quien también dijo que las motivaciones del juez en cuanto a la indivisibilidad fue insuficiente; Roberto Rodríguez, quien hizo oposición al Ordinal tercero de la resolución, y pidió que su solicitud de prescripción de la acción contra su cliente se conozca de inmediato.
También el imputado Rondón, cuya defensa dijo que el juez violó el debido proceso porque el artículo 305 del Código Procesal Penal plantea la acumulación como excepción, no como regla, además de que debió dar respuestas particulares en cada actividad incidental; y Díaz Rúa, quien insistió en la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada.
Miguel Valerio, vocero de su defensa, advirtió que tienen más de “cien mil reparos” a la acusación.