Hoy 
POR TANIA HIDALGO
Los abogados de los imputados en el expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) interpusieron un recurso de oposición a la decisión del tribunal que conoce el caso de ordenar una auditoría a las cuentas de esa entidad.
El ex-procurador general de la República, Abel Rodríguez del Orbe; Juan Antonio Delgado, Daniel Beltré, Nicolás Calderón, Emilio Ortiz Mejía y Marino Féliz sostienen que los jueces deben revocar esa decisión, ya que, en esta etapa, no es posible la producción de pruebas.
Con relación al caso, son procesados Luis Inchausty, su hermana Grecia Peguero y León López Mata.
El pasado 6 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Sarah Veras, ordenó, a solicitud del Ministerio Público, realizar una auditoría a las cuentas del PEME.
Sostienen los abogados que ordenar una auditoría viola el principio de separación de funciones, el principio acusatorio, el de la formulación precisa de cargos y el principio político de imparcialidad del juez, además de la Ley de la Cámara de Cuentas.
Dijeron que de acuerdo al principio político procesal acusatorio, al organismo persecutor le está vedado realizar actuaciones que correspondan al juzgador, y que al juez le está prohibido realizar actuaciones correspondientes al Ministerio Público.
Manifestaron que en esta fase del proceso no es posible, con las excepciones que se plantean en la ley, ordenar, de oficio ni a solicitud de parte, la realización de diligencias procesales sin que se comprometa la imparcialidad del juzgador.
«No constituye un hecho nuevo la razón presentada por el Ministerio Público de que ellos sin esta auditoría no tienen pruebas», dicen. Reiteraron que jurídicamente es improcedente practicar la auditoría.
