Las empresas denunciadas por irregularidades en el proceso de licitación para la confección de utilería escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), estaban solicitadas en investigación por la institución en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), aclaró ayer el director del Inabie Víctor Castro, debido a que, dijo, “habían recibido alertas” de anomalías.

Sin embargo, a pesar de la notificación del Inabie, nueve empresas de estas participaron en las licitaciones para mochilas, zapatos y uniformes y ganaron la adjudicación.

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Estas empresas habrían participado en el proceso de licitación de manera irregular, pues estaban vinculadas entre sí por direcciones, relaciones familiares o fotografías idénticas de talleres presentadas en sus ofertas, según presentó el lunes El Informe con Alicia Ortega en su investigación.

Ante la denuncia de irregularidad, que Castro aseguró había notificado, ayer el Inabie decidió suspender los contratos para estas empresas y a los inspectores actuantes, que rindieron el informe a la dirección de la institución para el proceso de las adjudicaciones.

“El comité de compras envía a ProCompetencia ese listado de empresas porque recibimos alertas. Nosotros podemos establecer vínculos y estos no necesariamente son actor corruptivos. Quien determina si hay corrupción es ProCompetencia, porque nosotros no tenemos la potestad de establecer si los vínculos desembocan en corrupción”, explicó.

Dijo que ellos están obligados, antes de tomar una medida, a escuchar la opinión de ProCompetencia, que fue lo que hicieron en este caso.

El monto adjudicado a las empresas asciende a casi 460 millones de pesos.

Víctor Castro señaló que la ley no prohibe la participación de ninguna empresa en licitaciones hasta que no sean sancionadas.

“Una empresa puede participar en diferente procesos aunque se hayan denunciado irregularidades”, dijo.
Insistió en que el Inabie investigaba esas empresas e indicó que se pueden cancelar el contrato en cualquier momento.”

“Enviamos comunicaciones a Proindustria, para ver si las certificaciones eran auténticas. Enviamos comunicaciones a la Dirección General de Aduanas, para ver si esas compañías estaban importando de manera regular. Enviamos comunicaciones a Contrataciones Públicas para que cancelara los registros de Proveedor del Estado. Todos esto consta”, añadió.

Dijo que desde el año 2022 han suspendido más de 50 empresas por irregularidades.