Hoy 
En julio pasado, hace aproximadamente dos meses, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, a la sazón jefe de la Policía Nacional, se quejaba porque de una nómina de treintidós mil agentes, solo doce mil estaban realizando labor de patrullaje. El resto, veintiún mil policías, estaban, según explicaba, al servicio de funcionarios y entidades públicas y privadas.
Ayer, al ser entrevistado por la televisión, el actual jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez, informó que muchos funcionarios se han resistido a prescindir de los servicios de algunos de los policías que tienen asignados y que en muchos casos emplean en tareas propias de servidumbre.
Es insólito que en un país asediado por los bríos de la criminalidad y la delincuencia, se permita que ocurran situaciones como las que inspiran esta nota editorial.
En un país en que el activismo criminoso ha forzado a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, como el Plan de Seguridad Democrática que se ensaya en el ensanche Capotillo, es inadmisible que se distraiga una parte de los recursos humanos de la Policía cuyo personal es insuficiente de por sí para satisfacer necesidades personales o familiares de funcionarios, más allá de lo que les correspondería por naturaleza de investidura.
II
No se puede vivir de espaldas a la realidad, ignorando que la Policía Nacional tiene grandes necesidades, entre las que hay que contar la de recursos humanos para dedicarlos a las tareas de campo, para mandarlos a las calles a prevenir y perseguir.
Con todas sus limitaciones, siempre se mira hacia la Policía para exigirle eficacia en la preservación de la seguridad, mientras se le resta capacidad operativa al distraer parte de su personal.
No sabemos cuántos policías de más están al servicio de funcionarios, civiles y militares. Desconocemos si las proporciones son las mismas que en julio pasado, cuando solamente doce mil agentes estaban realizando labor en las calles.
Lo que sí sabemos es que el jefe de la Policía tiene toda la razón cuando afirma que hay que acabar con la práctica de que los policías sirvan a funcionarios como si se tratara de empleados particulares.
En realidad, uno de los aspectos que hay que mejorar a toda costa es el de conferirle a la autoridad del Policía toda la solemnidad y dignidad que amerita para poder erigirse en un representante idóneo de la ley y en auxiliar por excelencia de la justicia.
El empleo de policías como si fuesen «muchachos de mandado» y fuera de lo que compete a su autoridad, es una distorsión que perjudica sensiblemente el interés por contar con personal cada vez más consciente y seguro de sus responsabilidades.
Aspiramos a que, en aras de mejorar la seguridad en todos los órdenes, la jefatura de la Policía logre colocar a cada uno de sus agentes en los ámbitos en que puedan serle útiles a la sociedad.
