FABIO R. HERRERA-MINIÑO
El gobierno no pudo ser más imprudente, a través de INAPA cuando por boca de su director ejecutivo, informaba que el acueducto de Baní no se iba hacer este año porque requería una inversión de $80 millones de dólares y el acuerdo con el FMI le impide al país endeudarse más de lo que está. Pero días después, en una obra de grado a grado, se le otorgaba a contratistas en San Pedro de Macorís RD$100 millones, para reiniciar los trabajos de construcción del acueducto y del alcantarillado sanitario y pluvial, paralizados desde hacía tiempo.

Que el gobierno desembolsara esa apreciable suma, para acudir en apoyo a los petromacorisanos, conforma una conducta oficial, de que solo atiende los reclamos de las comunidades cuando éstas manifiestan, con protestas, sus justas demandas de que se le resuelvan sus problemas más perentorios. Por lo general tienen que ver con el abastecimiento de agua o con reparación de calles y carreteras.

Los petromacorisanos protagonizaron una jornada cívica de protesta pacífica en su ciudad, en donde participaron todos los sectores de la comunidad, encabezados por su obispo de la iglesia católica. La contundencia y peso específico de la protesta, llevada a cabo con responsabilidad y orden, obligó al gobierno a reaccionar; días después, se aparecía con el anuncio de que se destinaban $100 millones de pesos para los trabajos reclamados en su terminación y se le entregaba un abultado avance a los contratistas para que de inmediato se pusieran a trabajar.

La diferencia de trato oficial a dos comunidades, la petromacorisana y la banileja, se pone de manifiesto cuando el gobierno argumenta, como excusa para no atender a los banilejos, que el acueducto reclamado por ellos es muy costoso y requiere de un financiamiento internacional para llevarlo a cabo. Mientras que a San Pedro de Macorís se le atendió con tan solo un día de protesta pacífica después de muchas peticiones y reclamos, apareciendo el dinero local para resolverle el problema a los petromacorisanos con fondos que están disponibles a discresionalidad de la Presidencia de la República para esos tipos de solicitudes comunitarias, respaldadas con manifestaciones responsables y sin agitaciones imprudentes.

El problema de la falta de agua de Baní se ha estado manejando en un diálogo de sordos, ya que el gobierno se esconde en decir que no tiene dinero, no ofrece un paliativo o solución intermedia inmediata, que en pocas semanas o meses, le inyectarían agua a las sedientas tuberías del acueducto para tranquilizar la desesperación de la comunidad, que ya se le agota el agua, la paciencia y los recursos para obtenerla.

En lo que llega la definición de la solución final, que sería entre la presa de La Gina en el lecho del río Baní, o captar el agua del río Nizao, ya sea en el canal Marco A. Cabral o desde el corazón de la presa de Valdesia, se debe acudir a soluciones más prácticas, rápidas y económicas cuya inversión ni siquiera sería la décima parte de lo que se entregó a San Pedro de Macorís a través de INAPA para el acueducto y alcantarillado.

Las autoridades se han encasquillado de que el FMI le tiene prohibido al país endeudarse más allá de ciertos límites. Pero cuando el gobierno ha querido, como se vio el pasado año, se hizo de la vista gorda y se comprometió con nuevos endeudamientos y hasta inició el desembolso de préstamos ya contraídos, pero que habían estado congelados desde hacía meses, pasando por encima de las supuestas restricciones del organismo internacional.

Los banilejos son pacíficos por naturaleza, INAPA le cierra las puertas y les mata las esperanzas, y como el agua no les llega por tuberías a sus hogares, se la tiran directamente a la cara diciendo que se olviden del acueducto por este año, cosa que ya habían hecho en el pasado. INAPA pudo ser más prudente e iniciar la búsqueda de soluciones rápidas y reales, no llenar las páginas de los diarios anunciando obras que supuestamente se construyen en comunidades aledañas a Baní, lo cual no es verdad.

Para Baní se podrían perforar pozos de 8 ó 10 pulgadas de diámetro en el paraje de Río Arriba, donde ya existen unidades similares, que no funcionan adecuadamente por falta de mantenimiento, se instalaría nuevas tuberías de refuerzo en la zona norte de la población, que es la más afectada, y a la vez establecer un plan operativo para que el agua se controle con el cotidiano cierre y apertura de las válvulas y pueda llegar a la población en su totalidad. De otra manera, los banilejos radicalizarían sus peticiones, tal como hicieron los petromacorisanos, entonces, el gobierno estaría obligado a resolver un problema que pudo solucionarse con buena voluntad y sin presiones de una comunidad que sólo sabe trabajar y ser un ejemplo nacional.