Que el gobierno saliente haya pagado RD$21,000 millones en plena transición es algo inaceptable que debe ser investigado por las nuevas autoridades, y aplicar las leyes, porque un hecho así no debe quedar impune.

El pago de esa cantidad exhaustiva del presupuesto nacional violó todos los procedimientos legales que indica la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, lo que desde ya la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) debería estar procediendo con las investigaciones a los exfuncionarios que actuaron de vil manera en contra del erario.

Este sabor amargo es un ingrediente más que se le suma a la deteriorada economía que, producto del COVID-19, ha dejado a miles de dominicanos sin empleos, y en quiebras de numerosas empresas.

La indolencia de esos servidores públicos no es lo que merece cada ciudadano de República Dominicana; ese dinero se pudo utilizar para enfrentar la terrible pandemia que ha cobrado la vida de casi 1, 600 personas en el país.

El peculado de la autoridades salientes llora ante la presencia de Dios, pues también debemos agregar las cuantiosas pensiones y bonificaciones que podrían recibir por sus servicios en instituciones financieras.

Ojo avizor, pueblo dominicano; estas acciones deben ser penalizadas, ya no se puede permitir este inaudito accionar, donde hay muchas evidencias de infracciones a nuestras leyes, y la justicia debe ser aplicada.

Nuestro país necesita de mayor transparencia y, castigando estos actos, podemos fortalecerla.