POR ALEIDA PLASENCIA
El Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) está gestionando acceder a fondos en la Superintendencia de Pensiones, para invertirlos en la construcción de casas para empleados públicos y personas de escasos recursos económicos.

Lo dijo ayer el administrador general del INAVI,  doctor José Francisco Zapata, quien indicó que esa institución garantizará los fondos de las pensiones de los cotizantes, ya que los que adquieran sus viviendas a través de dicha iniciativa tendrán que hacer sus pagos mensuales correspondientes a ese organismo.

Entiende que con esos recursos, miles de familias dominicanas podrían beneficiarse con la adquisición de una vivienda buena, económica y con todas las comodidades de un hogar digno.

“Hemos hecho contactos con las autoridades de la Seguridad Social para que el INAVI pueda acceder a esos fondos, a fin de que parte de esos recursos sean destinados para la construcción de viviendas con calidad y a un costo razonable, para los empleados públicos”, manifestó Zapata.

Sostuvo que en manos  del INAVI, los recursos de la Seguridad Social están garantizados, ya que la propia institución se encargaría de cobrar a los adquirientes de viviendas construidas por el INAVI y hacer que los fondos retornen. Explicó que con el mecanismo que trata de implementar el INAVI sería una garantía de los fondos pertenecientes a la Seguridad Social, velando para que se le hagan los descuentos a los empleados que adquieran viviendas construidas por la institución.

Zapata dijo que el INAVI no actuará como una institución politiquera más, ni desnaturalizará los principios que le dieron origen, que es asistir a los empleados públicos y auxiliar otros sectores. Según el funcionario,  los recursos que recauda el INAVI mensualmente son insuficientes para levantar todos los proyectos que realiza, los cuales, afirmó, se hacen con fondos propios.

Sostuvo que cuando llegó a la administración de la institución encontró el INAVI en una situación delicada “casi en quiebra”, debido a que las instituciones cotizantes se dilataban en el pago del 2.5 por ciento que se les descuenta a los servidores públicos.