POR EVARISTO RUBENS
Autoridades de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Salud Pública han incautado en los últimos 18 meses medicamentos falsificados y adulterados valorados en RD$200 millones. La información la suministraron directivos de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).

José Manuel Mallén y Luis Adolfo Betances, presidente y secretario de ARAPF, explicaron que después de muchos años de lucha el sector logró la aprobación de una ley que “criminaliza” y castiga con penas más severas a las personas físicas o jurídicas que comercializan medicamentos ilegales en el país. Dijeron que esa ley fue promulgada en febrero pasado y destacaron el interés de las autoridades, por primera vez en muchos años, de controlar esa mala práctica.

Indicaron que han estado participando y colaborando, a través de ARAPF, en la detección de las importaciones irregulares y las falsificaciones de medicinas.

Agregaron que han conseguido una colaboración increíble del actual director de Aduanas, licenciado Miguel Cocco, y del titular de Salud Pública, doctor Bautista Rojas Gómez.

Expresaron que en un operativo realizado por las autoridades a mediado de la semana pasada se incautaron medicamentos falsificados o ilegales por cerca de RD$3.0 millones.

Mallén y Betances señalaron que se trata de una cantidad muy pequeña cuando ya en cualquier puesto de venta ilegal “se encuentran medicamentos, cuyo empaque exterior, es casi idéntico al  del producto original, pero son falsificados”.

Dijeron que por eso es muy difícil para el público poder determinar si es un medicamento falsificado o alterado o si han sido desechados en otros países por fecha de expiración.

Señalaron que esa entidad colabora también con las autoridades y prepara su personal para que puedan detectar estas irregularidades en los fármacos.

Ambos directivos de ARAPF expresaron que acaban de celebrar un seminario dirigido a las autoridades de Salud Pública, la Dirección de Aduanas y la Procuraduría General de la República, donde los instructores eran expertos en seguridad de la industria de fabricación de medicamentos.

Manifestaron que con el mismo aportaron a los participantes todos los elementos posibles para detectar fármacos falsificados o adulterados.

En otro orden, expresaron su rechazo a los señalamientos de que aumentarán los precios de las medicinas con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

Precisaron que “realmente” no han podido escuchar un argumento sólido que les permita comprender de dónde sale la versión de que van a aumentar todos los precios de los medicamentos.

Mallén y Betances manifestaron que lo que se defiende son los datos de prueba y las patentes y que sólo afectan a menos del uno por ciento del universo farmacéutico del país.

Dijeron que también se protegen apenas 30 sustancias o a aquellas que sean novedosas que vayan a entrar al territorio dominicano.

Manifestaron que no se explican cómo 40 sustancias o dos o tres novedosas que vayan a entrar al país, podrían afectar los precios de 8,500 sustancias.

Dijeron que, al parecer, esos argumentos son parte del miedo que se le está vendiendo a la población por parte de los enemigos del tratado y lógicamente la población, que no entiende el problema porque es bien complejo, tiende a sentir miedo.

Consideraron que es una guerra de intereses, que tienen que admitirlo ya por un lado, están los que invierten muchos recursos para obtener los datos de prueba, no divulgados, que son pruebas de seguridad y eficacia, y por el otro, los que quieren copiar esos medicamentos, sin estar autorizados legalmente.

Explicaron que los datos de prueba son las clínicas de seguridad y eficacia que es donde esta el gran monto de recursos que se gasta para poder demostrar precisamente que esos medicamentos son eficaces y seguros. Indicaron que esos estudios cuestan de RD$800 a RD$1000 millones, que es la parte que aporta el laboratorio innovador para demostrar que sus medicamentos son buenos y que sirven para la patología que ellos dicen van a indicar esos medicamentos.

Dijeron que, como es lógico, necesitan la protección de esa data por un tiempo y que en este caso se está pidiendo cinco años, aunque en otros países se les da hasta diez años.