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POR SOILA PANIAGUA
La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó ayer 39 furgones incautados con 78,204 unidades de electrodomésticos variados y 23,320 teléfonos celulares que alegadamente dejaron de pagar impuestos por RD$106.1 millones.
De acuerdo al organismo estatal, los furgones fueron introducidos en camuflaje como mercancías que iban a las zonas francas bajo el régimen de internación temporal.
Los furgones fueron introducidos al país por los muelles de Haina y el Multimodal Caucedo, afirmó el subdirector operativo de la DGA, Luis Sánchez Díaz, junto Ruth Méndez, Eduardo Rodríguez, Leticia García y Heriberto Minaya, entre otros, funcionarios.
La mercancía llegó al país camuflajeada como comida para perros, gatos y abono, que pagan pocos impuestos, pero que al chequearlos con los equipos de rayos X instalados recientemente en los puertos se detectó que contenían neumáticos, bebidas, teléfonos celulares y prendas de vestir.
Cinco de los contenedores que contenían prendas de vestir iban destinados a una empresa de zona franca, pero esta rechazó que fuera la propietaria del cargamento.
En tanto que 34 de los contenedores están en proceso de investigación.
“La DGA detectó una operación fraudulenta, tipificada como contrabando y evasión fiscal de empresas amparadas en el régimen liberatorio que introducían mercancías destinadas a reexportación sin cumplir los requisitos y procedimientos para el pago de los derechos e impuestos”, explicó Sánchez Díaz.
Agregó que los propietarios de las mercancías, cuyos nombres no fueron dados a conocer por razones legales, se amparaban en declaraciones de importaciones de mercancías “a consumo amañadas, diferentes a las realmente encontradas y a nombre de empresas de zona franca sin consentimiento de estas”.
Explicó que luego de cumplir con los requerimientos legales, las mercancías serán ofertadas en pública subasta y que los recursos recaudados serán destinados a obras de bien social.
34 contenedores se encuentran en proceso de investigación, en los muelles de Haina Oriental y Boca Chica.
Sánchez Díaz dijo que se investiga a unos 14 empleados de la DGA, a siete empresas, dos de las cuales pertenecen a la zona franca de San Pedro de Macorís, y a tres agencias aduanales.
La DGA envió a la justicia varios expedientes con acusaciones contra dos reconocidos empresarios vinculados a contrabandos de mercancías que eran introducidas como materias primas para empresas de zona franca, pero en realidad eran artículos terminados, tales como electrodomésticos, bebidas, ropas y otros artículos que se introducían para su venta en el mercado nacional.
