La Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas (Adefro); el obispo de la Diócesis de San Juan, monseñor José Dolores Grullón; el diputado Darío Zapata, de Dajabón, y monseñor José Sinecio Peralta, del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, consideraron ayer que los incentivos fiscales de las empresas que se han acogido a la Ley 28-01 terminarán en el 2020, por lo cual deben extenderse, porque de lo contrario se verán forzadas a retirarse, lo que agudizará la crisis en que viven esas alejadas poblaciones.
Explicaron que en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados reposa un proyecto de ley que modifica la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, el cual debe aprobarse para llevar tranquilidad a los habitantes de la zona fronteriza.
Hicieron un llamado a los empresarios que se oponen a la ley a que realicen inversiones en la frontera.
El presidente de Adefro, Manuel Taveras, dijo que la Ley 28-01 ha permitido la instalación de 81 empresas que generan 10 mil empleos y que han invertido más de 15,000 millones en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
Expresó que la población de Santiago Rodríguez recibe cada mes más de RD$50 millones por la operación de las empresas acogidas a la ley citada.
En tanto, el obispo de San Juan dijo que a pesar de la presión de grupos económicos en contra del proyecto de ley de Desarrollo Fronterizo, el Congreso debe aprobarlo.
En tanto, el diputado Darío Zapata consideró que la Ley 28-01 produjo una reducción significativa de la provincia de Dajabón.
Monseñor José Sinecio Peralta, del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, indicó que la Ley 28-01 no excluye a personas físicas o jurídicas para instalarse en la frontera.